Congreso de Nuevo León abre juicio político contra Samuel García

Diputados dieron luz verde al procedimiento impulsado por Morena, que acusa al mandatario de una presunta triangulación de recursos hacia empresas vinculadas con familiares

Samuel García, gobernador de Nuevo León. Cuartoscuro.
Samuel García, gobernador de Nuevo León. Cuartoscuro.

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Jessica López

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, enfrentará un nuevo proceso político luego de que la Comisión Anticorrupción del Congreso local aprobara iniciar un juicio político en su contra por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.

Acusaciones de Morena y esquema de triangulación

La solicitud fue promovida por diputados de Morena, quienes acusan al mandatario estatal de participar en un supuesto esquema de triangulación de recursos que habría beneficiado a empresas y despachos vinculados con integrantes de su familia.

Procedimiento y plazos para la defensa

Tras la aprobación del procedimiento, Samuel García deberá ser notificado formalmente y contará con un plazo de 15 días hábiles para responder a los señalamientos. El gobernador podrá presentar su defensa por escrito o comparecer personalmente ante el Congreso de Nuevo León.

La denuncia se da semanas después de que se hicieran públicos reportes sobre una investigación relacionada con presuntos movimientos financieros que habrían involucrado más de mil millones de pesos. Según los señalamientos, recursos públicos habrían sido canalizados a través de distintas empresas y posteriormente transferidos a un despacho cuyos accionistas serían familiares del mandatario.

Este es el tercer juicio político que enfrenta el gobernador ante el Congreso local. Los otros procedimientos están relacionados con resoluciones de autoridades electorales que determinaron irregularidades durante el proceso electoral, entre ellas el uso indebido de recursos públicos y la promoción de actores políticos vinculados a Movimiento Ciudadano.

Aunque el inicio de un juicio político no implica una destitución inmediata ni una sanción automática, sí abre una etapa formal en la que los diputados deberán analizar pruebas, escuchar argumentos y determinar si existen elementos para imponer alguna responsabilidad política.

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