Los senadores plantean que las reformas al reglamento deben cumplir con principios como legalidad, seguridad jurídica y debido proceso para evitar conflictos normativos.
Por: Pilar Mansilla
El Grupo Parlamentario del PRI en el Senado, solicitaron una revisión de las facultades que el nuevo Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal otorga a la Guardia Nacional, con el fin de verificar que se encuentren respaldadas por la legislación vigente y se apeguen al marco constitucional.
Plantearon que las reformas y adiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 25 de mayo deben analizarse para confirmar su congruencia con los principios de legalidad, seguridad jurídica, debido proceso, proporcionalidad y reserva de ley.
Los legisladores, a través de un punto de acuerdo, señalaron que también es necesario revisar que las disposiciones contenidas en el reglamento mantengan concordancia con la Ley de la Guardia Nacional, la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y demás ordenamientos aplicables, a fin de evitar posibles inconsistencias entre la norma reglamentaria y la legislación vigente.
La propuesta advierte que algunas de las facultades asignadas a la Guardia Nacional tienen carácter regulatorio y procedimental, sin que su habilitación legal expresa resulte evidente.
Por ello, consideraron pertinente determinar si dichas atribuciones derivan directamente de las leyes aprobadas por el Congreso o si fueron incorporadas mediante disposiciones reglamentarias que rebasan el alcance de la facultad otorgada al Poder Ejecutivo.
La propuesta advierte que algunas de las facultades asignadas a la Guardia Nacional tienen carácter regulatorio. Foto: Cuartoscuro
Los senadores argumentaron que la facultad reglamentaria prevista en el artículo 89, fracción I, de la Constitución tiene límites claramente establecidos y no puede utilizarse para crear nuevas atribuciones de autoridad o modificar el contenido de las leyes aprobadas por el Congreso de la Unión.
Recordaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los reglamentos únicamente pueden desarrollar y hacer operativas las disposiciones contenidas en la ley. En ese sentido, citaron la jurisprudencia P./J. 30/2007, la cual establece que el Ejecutivo Federal no puede generar nuevas facultades para las autoridades, imponer restricciones adicionales a los particulares ni establecer mecanismos coercitivos que no estén expresamente previstos en la legislación.
Asimismo, señalaron que resulta indispensable corroborar que cada una de las atribuciones previstas en el reglamento encuentre respaldo legal suficiente y claramente determinado en la normatividad vigente, con el propósito de evitar controversias sobre su aplicación y garantizar certeza jurídica a los usuarios de las vías federales de comunicación.
Los promoventes precisaron que su planteamiento no busca cuestionar las tareas de seguridad que desempeña la Guardia Nacional en carreteras ni sus facultades para combatir la delincuencia y proteger a quienes transitan por las vías generales de comunicación.
Indicaron que el objetivo de la revisión es asegurar que el ejercicio de esas atribuciones se realice dentro de los límites establecidos por la Constitución y las leyes, preservando los principios de legalidad, seguridad jurídica, debido proceso, proporcionalidad y respeto a los derechos humanos.
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