Procesan a presunto integrante de La Familia Michoacana por secuestro de 12 personas

La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene sujeto a proceso a Jhovany Aguirre Benítez, identificado como presunto integrante de la organización criminal conocida como La Familia Michoacana, por su probable participación en actividades vinculadas con secuestro.

Investigación y denuncia inicial

La investigación se originó a partir de una denuncia presentada en enero, en la que se reportó la privación ilegal de la libertad de 12 personas. A partir de esos hechos, la autoridad federal integró una carpeta de investigación para determinar la posible responsabilidad de diversos involucrados.

Detención y proceso judicial

Como resultado de las indagatorias, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), localizaron y capturaron a Aguirre Benítez en Hermosillo, Sonora, en cumplimiento de una orden de aprehensión girada en su contra.

Aguirre Benítez es señalado por la probable comisión del delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer secuestro, una de las conductas consideradas de mayor gravedad dentro de la legislación federal.

Tras su captura, el imputado fue puesto a disposición de la autoridad judicial para enfrentar el proceso penal correspondiente. Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público Federal presentó los datos de prueba reunidos en la investigación, con los que buscó acreditar la probable participación del detenido en las actividades de una organización criminal presuntamente dedicada a la comisión de secuestros.

Luego de analizar los elementos expuestos por la representación social, el juez de control determinó vincular a proceso a Aguirre Benítez por delincuencia organizada con la finalidad de cometer secuestro, delito previsto en la legislación federal para quienes participan de manera permanente o reiterada en estructuras criminales.

Además, la autoridad judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que el acusado permanecerá recluido en el Centro Federal de Reinserción Social número 1, Altiplano, ubicado en el Estado de México, considerado uno de los penales de máxima seguridad del país.

El juzgador también concedió un plazo de dos meses para el desarrollo de la investigación complementaria, periodo en el que la FEMDO podrá fortalecer la acusación con nuevos elementos de prueba, testimonios, peritajes y otras diligencias relacionadas con el caso.

La FGR señaló que las investigaciones continúan para esclarecer plenamente los hechos denunciados y determinar si existen más personas involucradas en la privación ilegal de la libertad de las 12 víctimas reportadas en la denuncia que dio origen al caso.