Organizaciones alertan que revisión de la SCJN amenaza la seguridad jurídica en el caso Ayotzinapa

La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de revisar una sentencia definitiva dictada hace ocho años en el caso Ayotzinapa representa un riesgo para el principio de seguridad jurídica y abre un precedente que pone en entredicho la firmeza de las resoluciones judiciales en México, advirtieron el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Fundar, Centro de Análisis e Investigación, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y, Servicios y Asesoría para la Paz A.C.

Riesgos para la seguridad jurídica por revisión de sentencia

Las organizaciones señalaron que, al atraer cuatro recursos extraordinarios contra la sentencia emitida en 2018, la Corte abrió la posibilidad de modificar un fallo que ya había quedado firme, pese a que esa resolución desmanteló judicialmente la llamada "verdad histórica" y ordenó reponer la investigación por las graves violaciones a derechos humanos documentadas durante las indagatorias.

Fallo judicial y orden de investigación independiente

Recordaron que el fallo del entonces Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito concluyó que la investigación estuvo marcada por actos de tortura, irregularidades y omisiones, además de que dejó sin investigar líneas que apuntaban a la posible participación del Ejército.

Al señalar que también ordenó crear una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad como un mecanismo extraordinario para garantizar una indagatoria independiente, con la participación de la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las víctimas, dijeron que los amparos originales fueron promovidos por personas acusadas dentro del caso y no por los padres y madres de los 43 normalistas.

Sin embargo, la propia sentencia reconoció a las familias como víctimas indirectas, por lo que actualmente forman parte de los recursos que la Suprema Corte resolvió atraer.

Consecuencias y obstáculos para la justicia en Ayotzinapa

Por lo anterior, Centro Prodh, Servicios y Asesoría por la Paz, Fundar y Tlachinollan sostuvieron que esa revisión extraordinaria no está prevista expresamente en la Constitución ni en la Ley de Amparo y, en los hechos, permite revisar una sentencia firme, lo que debilita el principio de cosa juzgada y genera incertidumbre sobre la certeza que deben ofrecer las resoluciones judiciales.

Insistieron que a poco más de dos meses de que se cumplan 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes, las organizaciones consideraron que la decisión de la Suprema Corte difícilmente contribuirá a acelerar el acceso a la verdad y la justicia, ya que sólo va a prolongar la incertidumbre mientras persisten obstáculos como la falta de entrega de información de inteligencia por parte de las Fuerzas Armadas y las extradiciones pendientes de personas clave para el esclarecimiento del caso.