El exsecretario de Seguridad de Sinaloa dejó la institución hace tres años y negó cualquier responsabilidad en su nombramiento; la dependencia desconoce la situación jurídica que enfrenta en Estados Unidos
Por: Roberto Cortez
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) marcó distancia del general retirado Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, al asegurar que desde 2022 no mantiene ningún vínculo laboral con las Fuerzas Armadas y que desconoce la situación que enfrenta actualmente en Estados Unidos.
La aclaración llegó después de que surgieran cuestionamientos sobre la responsabilidad de la institución militar en el nombramiento de Mérida y tras versiones sobre investigaciones en su contra fuera del país.
El titular de la Sedena, Ricardo Trevilla, explicó que Mérida pasó a situación de retiro en 2022. Desde entonces, dijo, la única relación que conserva con la dependencia corresponde a trámites administrativos ante el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), relacionados con el pago de haberes de retiro y servicios médicos para su familia.
La polémica creció luego de que la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, señalara que la Defensa tuvo participación en la designación de Mérida como responsable de la seguridad estatal.
RICARDO TREVILLA TREJO.
Sostuvo que los gobiernos estatales tienen plena autonomía para nombrar a sus funcionarios de seguridad. Foto: Cuartoscuro
El secretario rechazó esa versión y sostuvo que los gobiernos estatales tienen plena autonomía para nombrar a sus funcionarios de seguridad.
Explicó que, cuando una entidad lo solicita, la Sedena únicamente emite una opinión sobre la trayectoria profesional, desempeño y antecedentes de algún militar. Esa valoración sirve como referencia para las autoridades locales, pero no constituye una instrucción ni una designación obligatoria.
"La decisión final corresponde al gobierno estatal", subrayó.
Sobre las versiones que vinculan a Mérida con autoridades estadounidenses, la Defensa evitó pronunciarse.
El secretario afirmó que la institución no tiene conocimiento de la situación jurídica actual del general retirado y recordó que cualquier investigación corresponde a la Fiscalía General de la República o a las autoridades de Estados Unidos.
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