México unifica una ley para perseguir feminicidio en las 32 entidades

La presidenta enviará al Congreso la iniciativa de Ley General del Feminicidio para homologar el tipo penal, fija penas de 50 a 70 años de prisión

Claudia Sheinbaum presentó la iniciativa de Ley General del Feminicidio, acompañada por integrantes de su gabinete responsables de la estrategia jurídica, de procuración de justicia y de atención a las mujeres. Foto: Presidencia
Claudia Sheinbaum presentó la iniciativa de Ley General del Feminicidio, acompañada por integrantes de su gabinete responsables de la estrategia jurídica, de procuración de justicia y de atención a las mujeres. Foto: Presidencia

Síguenos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enviará al Congreso de la Unión la iniciativa de Ley General del Feminicidio, con la que busca que todas las fiscalías del país investiguen ese delito bajo un mismo marco jurídico, eliminen las diferencias entre las legislaciones estatales y reduzcan la impunidad.

La propuesta establece penas de 50 a 70 años de prisión,  de investigación y un sistema nacional de atención y protección para las víctimas.

La mandataria presentó la iniciativa como una nueva etapa de la reforma constitucional que impulsó al inicio de su administración para incorporar los derechos de las mujeres a la Constitución.

Recordó que esa modificación reconoció la igualdad sustantiva, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y el principio de salario igual por trabajo igual.

Sostuvo que el feminicidio representa la forma más extrema de violencia de género y afirmó que el objetivo de la ley es garantizar "cero impunidad".

Sheinbaum aseguró que uno de los principales problemas es que las fiscalías investigan de manera distinta los asesinatos de mujeres.

Señaló que en algunos casos las muertes violentas todavía se clasifican como suicidios u homicidios, aun cuando existen indicios para investigarlas como feminicidios.

También afirmó que muchas familias encuentran resistencia para que las autoridades reconozcan antecedentes de violencia contra las víctimas, lo que retrasa las investigaciones y favorece la impunidad.

Detalles confirmados sobre la iniciativa y su impacto en la justicia

La presidenta sostuvo que cerca de 90 por ciento de los feminicidios son cometidos por la pareja, la expareja o un familiar directo, por lo que la iniciativa obliga a las autoridades a valorar desde el inicio los antecedentes de violencia expuestos por las familias, incluso cuando la víctima nunca presentó una denuncia por miedo a su agresor.

La consejera jurídica de la Presidencia de la República, Luisa María Alcalde Luján, explicó que la iniciativa responde a la fragmentación de las legislaciones estatales.

Indicó que actualmente las 32 entidades regulan el feminicidio con diferencias en la definición del delito, las razones de género, las agravantes, las penas y los procedimientos de investigación, lo que ha propiciado errores de clasificación, pérdida de indicios y registros incompletos.

Alcalde Luján informó que el proyecto homologa el tipo penal de feminicidio y establece que incurre en ese delito quien prive de la vida a una mujer por razones de género. La propuesta incorpora 10 circunstancias para acreditar esas razones, entre ellas antecedentes de violencia, violencia sexual, delitos motivados por estereotipos de género y relaciones de poder asimétricas.

La titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Maribel Bojorges Beltrán, explicó que la iniciativa obliga a todas las instituciones encargadas de procurar justicia a aplicar protocolos homologados con perspectiva de género, debida diligencia reforzada, análisis de contexto y preservación adecuada de indicios.

La subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencia de la Secretaría de las Mujeres, Ingrid Gómez Saracíbar, informó que el proyecto crea el Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio, fortalece los registros nacionales del delito, impulsa campañas permanentes de prevención y establece que los medios de comunicación y las plataformas digitales deberán respetar la dignidad de las víctimas y evitar contenidos que las revictimicen.

Ver más

Cargando edición impresa...