La presidenta afirmó que ningún exfuncionario recibirá protección si enfrenta acusaciones por violencia contra las mujeres
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Caso Víctor "N" apuntala el mensaje del gobierno contra la impunidad
Por: Roberto Cortez
La estrategia del gobierno federal para combatir la violencia contra las mujeres quedó definida en dos frentes: tolerancia cero para servidores públicos acusados de esos delitos y una reforma para unificar la persecución del feminicidio en todo el país.
Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el caso del exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, demuestra que en su administración no habrá protección para funcionarios o exfuncionarios señalados por violencia familiar.
"La propia detención de Víctor muestra que independientemente de la amistad o de los cargos tiene que cumplirse con la ley", afirmó. Agregó que corresponderá a la Fiscalía de Morelos y al Poder Judicial determinar las medidas cautelares y el desarrollo del proceso.
Detalles de la Ley General para combatir el feminicidio
La mandataria insistió en que las medidas de protección para las víctimas deben garantizar que el acusado no pueda acercarse a ellas y dejó clara la postura de su gobierno: "Nunca vamos a proteger a nadie si viola la ley y menos si hay violencia contra las mujeres".
La creación de la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Delito de Feminicidio, presentada en la conferencia matutina, incorpora un agravante para los servidores públicos responsables de feminicidio y establece un marco nacional para investigar y sancionar ese delito.
Considera que quienes ejercen funciones públicas tienen una obligación reforzada de proteger los derechos de las mujeres y no de vulnerarlos. Con ello, el gobierno busca fortalecer la rendición de cuentas y evitar tratamientos diferenciados por razón del cargo.
La reforma fue posible después de la modificación constitucional que facultó al Congreso de la Unión para expedir una ley general en la materia. Una vez aprobada, sus disposiciones serán obligatorias para todas las entidades federativas, que deberán armonizar sus procedimientos con el nuevo marco jurídico nacional.
El Ejecutivo confió en que el Congreso discuta la iniciativa durante el periodo ordinario que comienza el 1 de septiembre. Aunque evitó fijar una fecha para su aprobación, sostuvo que existe consenso para convertir el combate al feminicidio en una prioridad legislativa.
