Ley General de Pueblos Indígenas, ya en consulta nacional

Sostuvo que será la primera legislación de este tipo en la historia del México independiente y que dará sustento legal al reconocimiento constitucional aprobado en 2024.

La iniciativa firmada en Palacio Nacional será consultada con comunidades indígenas y afromexicanas antes de enviarse al Congreso.  Foto: Presidencia
La iniciativa firmada en Palacio Nacional será consultada con comunidades indígenas y afromexicanas antes de enviarse al Congreso. Foto: Presidencia

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El reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y afromexicanos entró en una nueva etapa. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el inicio de la consulta nacional sobre la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, con la que el gobierno busca reglamentar la reforma constitucional aprobada en 2024. 

La mandataria afirmó que, por primera vez desde la Independencia, México contará con una legislación específica para desarrollar los derechos colectivos e individuales de los pueblos originarios y afromexicanos. Explicó que el proyecto será discutido directamente en las comunidades antes de enviarse al Congreso de la Unión. 

Sheinbaum sostuvo que las constituciones de 1824, 1857 y 1917 no otorgaron un reconocimiento pleno a los pueblos indígenas como sujetos de derechos. Recordó que la Carta Magna de 1917 protegió la propiedad comunal y ejidal, pero no estableció ese reconocimiento, el cual quedó incorporado hasta la reforma constitucional de 2024. 

Reconocimiento constitucional y financiamiento directo

La presidenta también destacó que esa reforma permitió crear un fondo presupuestal destinado directamente a las comunidades indígenas y afromexicanas mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Explicó que los recursos son administrados por las propias comunidades a través de sus asambleas, que designan una comisión responsable de ejercer el presupuesto. 

Otro de los objetivos de la iniciativa, dijo, consiste en convertir ese mecanismo en una obligación legal y no únicamente en una decisión incluida cada año en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Sheinbaum agregó que la propuesta incorpora garantías contra la discriminación al reconocer plenamente los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Vinculó esa política con la construcción de una identidad nacional basada en la diversidad cultural y rechazó las visiones que, a su juicio, mantienen ideas de superioridad racial o cultural. 

Durante su explicación, recordó la conversación que sostuvo con el rey Felipe VI de España y señaló que insistió en la importancia de reconocer la grandeza de las civilizaciones originarias como parte de la identidad mexicana. Consideró que ese reconocimiento fortalece la lucha contra el racismo y el clasismo. 

Gobierno inicia la consulta nacional

La presidenta aseguró que el proyecto no fue elaborado únicamente por especialistas del gobierno. Indicó que participaron representantes de comunidades y del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, por lo que la consulta servirá para incorporar observaciones antes de remitir la iniciativa al Poder Legislativo.

Sheinbaum informó que la convocatoria se publicará en el Diario Oficial de la Federación, con lo que inicia formalmente el proceso de consulta en las comunidades indígenas y afromexicanas del país.

La propuesta será sometida a revisión de los pueblos originarios, quienes podrán plantear modificaciones antes de que el Ejecutivo integre la versión definitiva del proyecto.

Explicó que el contenido de la iniciativa se ajustará con las observaciones que surjan durante la consulta y posteriormente será enviado a la Cámara de Diputados para iniciar el proceso legislativo.

El gobierno prevé entregar la iniciativa el 12 de octubre, fecha que la presidenta identificó como el Día de la Resistencia de los Pueblos. Aclaró que la aprobación dependerá de los tiempos del Congreso, por lo que ese día corresponde al envío formal del proyecto y no necesariamente a su votación.

La consulta abarcará a miles de comunidades indígenas y afromexicanas del país y busca cumplir con el mandato constitucional de incorporar su participación directa en la elaboración de la ley que regulará sus derechos colectivos.

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