Luis Donaldo Colosio e Iraís Reyes presentarán la denuncia a título personal, al considerar que la venta exclusiva de videojuegos para PlayStation en la tienda digital de la empresa podría configurar prácticas monopólicas
Legisladores de MC llevarán a Sony ante la autoridad antimonopolios

Por: Pilar Mansilla
El senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio, y la diputada federal Iraís Reyes presentarán una denuncia ante la Comisión Nacional Antimonopolio para que investigue a Sony Interactive Entertainment por presuntas prácticas monopólicas derivadas de su decisión de eliminar el formato físico de los videojuegos para PlayStation y concentrar su comercialización en su propia tienda digital.
Denuncia ante la Comisión Nacional Antimonopolio
Los legisladores solicitarán que la autoridad determine si la medida, prevista para entrar en vigor en enero de 2028, coloca a Sony como el único canal de venta de videojuegos para esa consola, con la posibilidad de fijar precios sin competencia y limitar las opciones de compra para los consumidores.
Advirtieron que la desaparición de los discos físicos también afectaría a tiendas departamentales y comercios especializados que actualmente venden videojuegos, además de eliminar el mercado de reventa, préstamo e intercambio entre usuarios, lo que reduciría la competencia en precios.
La denuncia será presentada por los legisladores emecistas, aseguraron, en su calidad de ciudadanos y usuarios de videojuegos, ya que consideran que, si desaparecen los discos físicos, los propietarios de una consola PlayStation perderán la posibilidad de decidir dónde comprar sus juegos, ya que el único canal disponible será la tienda digital de Sony.
Impacto en comercios y consumidores
Colosio explicó que la medida también impactaría a cadenas como Liverpool, Sanborns y GamePlanet, que dejarían de competir por la venta de videojuegos nuevos. Además, desaparecería el mercado de reventa, intercambio y coleccionismo, con lo que también se eliminaría una alternativa para acceder a mejores precios.
El senador añadió que otra de las preocupaciones es que los consumidores dejarían de ser propietarios de los videojuegos, ya que en el formato digital únicamente adquieren una licencia de uso, por lo que el acceso al contenido quedaría sujeto a las condiciones que establezca la empresa.
Como antecedente, la denuncia recuerda que Sony retiró contenido digital adquirido por usuarios europeos en 2022 y que recientemente anunció la eliminación de más de 500 películas de su catálogo digital a partir de septiembre, sin ofrecer reembolso a quienes las compraron.
Los legisladores consideran que la empresa concentraría simultáneamente el control de la consola, la tienda digital, la distribución de videojuegos y la fijación de precios, lo que la convertiría en el único actor con capacidad para decidir las condiciones de comercialización dentro de su plataforma. También advirtieron que la migración total al formato digital parte del supuesto de que todos los usuarios cuentan con acceso a internet de alta velocidad, una condición que, señalaron, aún no existe de manera generalizada en México.
La denuncia identifica dos posibles afectaciones a la competencia. La primera se presentaría en el mercado de consumo, ya que al desaparecer el disco físico también desaparecería el mercado secundario de reventa, préstamo y coleccionismo, dejando a Sony como el único fijador de precios para los videojuegos de PlayStation.
La segunda afectación recaería sobre las empresas desarrolladoras de videojuegos, que al perder el canal físico de distribución quedarían sujetas exclusivamente a la infraestructura de PlayStation, al pago de las comisiones por utilizar la plataforma de ventas digitales y a las condiciones comerciales que unilateralmente determine Sony para acceder a los jugadores de esa consola.
Colosio e Iraís Reyes consideran que esos elementos podrían constituir prácticas monopólicas relativas previstas en la Ley Federal de Competencia Económica, al incrementar los costos para otros participantes del mercado, obstaculizar la competencia, negar el acceso a un insumo esencial y reducir los márgenes de operación de las desarrolladoras. Adelantaron que buscarán sumar el respaldo de integrantes de la comunidad gamer para fortalecer la denuncia ante la autoridad.