La advertencia de Sara Carter y el ascenso de Jay Clayton muestran que Washington mantiene activos los expedientes relacionados con redes de protección al crimen organizado
Por: Roberto Cortez
La administración de Donald Trump envió una nueva señal de que no piensa cerrar los expedientes abiertos contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con el narcotráfico.
La advertencia pública de Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas, y la nominación del fiscal Jay Clayton para encabezar la Dirección Nacional de Inteligencia apuntan hacia una misma estrategia: mantener la presión sobre las estructuras políticas que Washington considera parte de las redes de protección de los cárteles.
Durante una entrevista difundida este domingo, Carter afirmó que Estados Unidos mantiene bajo observación a funcionarios relacionados con organizaciones criminales y lanzó una advertencia directa: quienes no cooperen con los esfuerzos contra el narcotráfico podrían convertirse en objetivos de las autoridades estadounidenses.
La declaración llegó apenas horas después de la reunión del Grupo Bilateral de Implementación (GBI), el nuevo mecanismo de coordinación en seguridad entre México y Estados Unidos. Mientras ambos gobiernos presumían cooperación institucional, una de las principales funcionarias de seguridad de Trump recordó que Washington mantiene abiertas investigaciones sobre actores políticos mexicanos.
EN LA MIRA.
Estados Unidos mantiene bajo observación a funcionarios relacionados con organizaciones criminales. Foto: EFE
Durante una entrevista con el conductor Glenn Beck, Carter sostuvo que la estrategia antidrogas de la Casa Blanca no se limita a perseguir a los líderes criminales.
La funcionaria afirmó que existen actores políticos y gubernamentales que facilitan las operaciones de los cárteles y advirtió que quienes no cooperen con las investigaciones podrían convertirse en objetivos de las autoridades estadounidenses.
"Si no cooperan, los pondremos en la mira", declaró la funcionaria al referirse a servidores públicos presuntamente vinculados con organizaciones criminales.
Las declaraciones de Carter revelan un cambio de enfoque dentro de la estrategia de seguridad de Trump. El objetivo ya no son únicamente los grupos criminales, sino también las estructuras que, según Washington, permiten su operación mediante corrupción, protección institucional o colaboración directa.
La funcionaria defendió además la decisión de clasificar a varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. Según explicó, esa designación amplía las capacidades de investigación, inteligencia y persecución financiera de las agencias estadounidenses.
Carter vinculó directamente la crisis del fentanilo con la corrupción institucional. Afirmó que organizaciones como el Cártel de Sinaloa no podrían mover grandes volúmenes de droga, dinero y precursores químicos sin algún nivel de protección política o administrativa.
La advertencia apareció apenas horas después de la reunión del Grupo Bilateral de Implementación (GBI), el nuevo mecanismo de coordinación en seguridad entre México y Estados Unidos. Mientras ambos gobiernos destacaban la cooperación bilateral, Washington dejó claro que mantiene abiertas líneas de investigación propias.
La advertencia no incluyó nuevas acusaciones ni presentó expedientes adicionales. Sin embargo, confirmó que la Casa Blanca sigue considerando que parte de la fortaleza de los cárteles depende de redes de protección que operan desde espacios políticos, administrativos y de gobierno.
La presión aumentó con el anuncio de Trump sobre la nominación de Jay Clayton para dirigir la comunidad de inteligencia estadounidense. Como fiscal federal encabezó la investigación que derivó en las acusaciones contra el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico.
La eventual llegada de Clayton a Inteligencia Nacional tiene una lectura que va más allá de un relevo administrativo. Coloca en una de las posiciones más sensibles de seguridad a un funcionario que impulsó una de las investigaciones más delicadas para la relación bilateral entre México y Estados Unidos.
El movimiento también encaja con la narrativa que Trump ha construido desde su regreso a la Casa Blanca. La administración republicana sostiene que el problema no se limita a las organizaciones criminales, sino que involucra a quienes facilitan su operación desde estructuras legales, financieras o gubernamentales.
Bajo esa lógica, los cárteles son apenas una parte del objetivo. La otra son los funcionarios, empresarios y operadores políticos que, según las investigaciones estadounidenses, permiten que esas organizaciones mantengan influencia territorial, protección institucional o capacidad financiera.
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