Desde el 9 de enero, en México es obligatorio registrar todas las líneas de teléfono celular con nuestros datos personales: nombre, CURP y una identificación oficial. Quien no lo haga antes del 30 de junio, la amenaza gubernamental es que se pierde el servicio. El gobierno asegura que es para combatir la extorsión y el fraude, pero la historia reciente invita a la desconfianza. Este es el tercer intento tras fracasos anteriores.

LOS FRACASOS

En 2009 nació el Renaut, un padrón nacional de celulares impulsado durante el gobierno de Felipe Calderón. Prometía reducir delitos, pero en 2010 la base de datos se filtró y se vendía en internet. Nombres, CURP y números telefónicos de millones de personas quedaron expuestos. La extorsión no disminuyó y el registro se eliminó en 2012.

En 2021 llegó el Panaut, con datos biométricos y una base centralizada en manos del Estado. El Inai lo impugnó y la Suprema Corte lo declaró inconstitucional por violar la privacidad de los ciudadanos.

TERCER INTENTO

Claudia Sheinbaum retomó el tema como parte de sus reformas en seguridad y telecomunicaciones. La diferencia ahora es que los datos quedarán en manos de las empresas telefónicas, no del gobierno. Sin embargo, surgieron dudas sobre la protección de información sensible. En los primeros días, se detectó una vulnerabilidad grave en el portal de Telcel, exponiendo CURP, RFC y correo electrónico de millones de usuarios. Telcel aseguró que los datos estaban seguros, pero el problema de fondo persiste.

No es paranoia: en 2025 se filtraron bases masivas del SAT, bancos, IMSS y Sedena. México enfrenta una crisis de seguridad digital, y aun así se concentra más información personal que nunca.

LAS INCONGRUENCIAS

El gobierno promete que el padrón reducirá la extorsión, pero los delincuentes usan teléfonos robados, chips extranjeros o identidades suplantadas. El registro es obligatorio, pero eso no garantiza su seguridad ni legitimidad. Buscar asesoría legal o amparos es una vía prevista por la ley para proteger la privacidad y los datos personales. Aunque el INAI esté debilitado y los contrapesos limitados, los derechos fundamentales no se entregan.

EL DATO INCÓMODO

Mientras Sheinbaum presume recaudación histórica, el gobierno no logra gastar lo aprobado. A noviembre de 2025, dependencias dejaron sin pagar 124 mil millones de pesos. Rubros sensibles como salud, seguridad, mujeres e infraestructura registran subejercicios.