Bajo el argumento de actualizar un marco normativo vigente desde 1992 y reconocer derechos culturales y laborales, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció dos iniciativas en materia cultural: una nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual y reformas para proteger a intérpretes de doblaje ante el uso de inteligencia artificial.

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Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura, explicó que la Ley Federal de Cinematografía de 1992 respondía a un contexto con visión mercantil de la obra, mientras que la propuesta de 2026 incorpora el enfoque de derechos culturales, acceso democrático, identidad y memoria, además de integrar el ecosistema digital y a las plataformas de exhibición.

La iniciativa establece la exhibición garantizada de 10 por ciento de cine nacional en salas, con revisión semestral y seguimiento semanal de cartelera, y amplía de siete a 14 días la permanencia mínima de películas mexicanas.

Curiel de Icaza detalló que las plataformas digitales deberán incluir secciones de promoción y recomendación de cine mexicano, y que la política pública contempla la descentralización del fomento.

El proyecto incorpora un mandato de conservación, restauración y digitalización del acervo audiovisual como patrimonio nacional, con reglas claras de resguardo a través de la Cineteca Nacional.

La ley refrenda en su texto el compromiso del Estado de garantizar el fomento al cine mediante el Fondo de Fomento al Cine Mexicano (Foscine), y articula una política cinematográfica nacional mediante el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine).

En paralelo, la iniciativa en materia de doblaje modificará la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal del Derecho de Autor para reconocer a la voz humana como herramienta artística única e irrepetible, cuyo uso requerirá autorización expresa e informada y retribución económica.

Sheinbaum dijo que la reforma responde a quejas de intérpretes por la clonación y uso no consentido de sus voces mediante inteligencia artificial, y ampliará facultades del Instituto Nacional del Derecho de Autor.

La presidenta concluyó que ambas iniciativas fortalecen la cadena completa de producción y exhibición, protegen a trabajadores culturales y buscan ampliar el acceso de las audiencias a contenidos nacionales en salas y plataformas digitales, bajo un marco de derechos culturales y laborales actualizado.