Durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum fueron presentadas la nueva Ley de Adquisiciones y la nueva Ley de Obra Pública, cuyos objetivos son “hacer una mayor trazabilidad para eliminar cualquier posible acto de corrupción y agilizar los procesos de compra, pues los tiempos y las formas de los concursos a veces retrasan mucho la posibilidad de emprender una obra (pública)”.

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Así, por ejemplo, dijo la mandataria, “una obra que podría empezar en febrero, debido a toda la burocracia, comienza en octubre. De esta manera, ya no es posible ejercer todos los recursos disponibles. Muchos problemas vinculados con la burocracia son los que generan las leyes (actuales). Y (las modificaciones propuestas ayudarán a) promover todo lo relacionado con el Plan México, que implica promover las cadenas productivas en México: que el gobierno compre más lo que se hace en México.

Están en comisiones

Por su parte, Raquel Buenrostro, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, detalló que las modificaciones propuestas están en comisiones del Congreso para su debate y aprobación, y detalló que la nueva Ley de Adquisiciones busca hacer más ágiles y más transparentes todos los procesos de compra. La ley incluye, para hacer compras más eficientes, cuatro nuevas modalidades: “subasta inversa” como política preferente, “adjudicación directa” con estrategia de negociación y “diálogos competitivos” para que el Estado asegure proveeduría cuando no existe en el mercado.

“Todo esto, es decir, el diálogo, la apertura, hacen mucho más eficientes los procesos, pero, además, el hecho de que estén en la ley, los hace más transparentes, para que no se piense que hay reuniones en lo ‘oscurito’. Todos tenemos la obligación de cuidar el dinero, que es del pueblo. Para nosotros, cada peso vale”, mencionó.

Asimismo, explicó la funcionaria, se fortalecen las compras consolidadas y los acuerdos “macro” para obtener un menor precio y se promueven diálogos estratégicos para generar un “piso parejo” y que el Estado acceda a las mejores condiciones y a productos innovadores.

El gran comprador

Como gobierno, subrayó Buenrostro, “compramos mucho, entonces podemos usar este poder de compra para otros fines, como impulsar la política industrial de México y fortalecer el mercado interno”.

En la ley también se modificó el contenido nacional: “Antes era del 50 por ciento y pasó a ser del 65 por ciento. Pedir un contenido nacional más alto fomenta las cadenas de valor y las cadenas de producción en el país”.

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En ese sentido, detalló que las compras del gobierno pretenden fortalecer el mercado interno de “abajo hacia arriba”, atendiendo a la llamada “economía social”, es decir, se dan regulaciones muy específicas y con ciertas facilidades a las cooperativas, las pequeñas empresas (Mipymes), y estas facilidades implican anticipos, pronto pago, acompañamiento de principio a fin (agilización burocrática), así como licitaciones y acuerdos exclusivos”.

CompraNet no desaparece, evoluciona

Otro punto importante en la nueva ley es la evolución de CompraNet, “que no desaparece, sino que estaba muy viejo y debe renovarse”.

Este sistema fue cambiado en 2023, pero la ley no se había actualizado, por ello hoy fue el momento de homologarla: “Trabajamos ya un nuevo sistema, con mejor tecnología, más evolucionada y que nos permita desarrollar de manera modular. Este sistema es el mismo que todos conocen, pero se agregarán los módulos que vienen con el cambio de ley. La ventaja de este sistema es que es propio, es decir, no se le paga a proveedor alguno”.

CompraNet también tendrá una tienda digital, “que busca tener, para el acceso de todos los administradores del gobierno, productos que se usan en todas las dependencias, pero que puedan comprarse más rápido y sin tanta burocracia”.

Obras públicas

En cuanto a la nueva Ley de Obras, también se pretende garantizar las mejores condiciones para el Estado. Se incluyen también los “diálogos estratégicos”, mecanismo de arranque para que todos los proveedores, señaló Buenrostro, “conozcan a detalle el proyecto y mejoren sus ofertas”.

Asimismo, prevé la realización de “subastas inversas”, en las que las empresas compiten con sus mejores precios para ser contratadas. Todo esto, sin sobreprecios e influyentismo”.

Lo que corrige la ley, argumentó Buenrostro, es que no existía regulación para la investigación de mercado ni para las adjudicaciones directas, y los supervisores carecían de responsabilidad legal: “Eso generaba opacidad y discrecionalidad. Hoy la ley establece criterios estandarizados para realizar estos dos procesos (investigación de mercado y adjudicaciones directas, pues los supervisores serán ‘responsables solidarios’, lo que generará transparencia, eficiencia y rendición de cuentas.

Estos responsables deben cuidar muy bien que la obra no tenga defecto alguno para que el gobierno proceda a la aceptación de la obra y la conclusión del pago”, enfatizó.

Para evitar otra “estafa maestra”

Con el fin de evitar otra “estafa maestra” (un caso de corrupción de 2017 por adjudicaciones directas entre dependencias), la nueva ley, sostuvo la funcionaria federal, “introduce mayores obligaciones de transparencia y rendición de cuentas a través de dos mecanismos: mejor opción garantizada (las entidades que deseen contratar con una dependencia pública, deberán demostrar, con investigación de mercado, que se trata de la mejor alternativa en calidad y costo) y mayor acceso a la información (estos contratos entre dependencias no se registraban en CompraNet, pero hoy será obligatorio publicarlos en esta plataforma, para asegurar que cualquier persona pueda revisarlos)”.

Por otra parte, estos cambios propuestos en ambas leyes buscan reducir los tiempos de contratación al menos una tercera parte. Esta disminución de plazos ayudará a que las obras se construyan con integridad y transparencia. “Hoy tendremos obras que podrán hacerse en menos tiempo y con mayor verificación”.

Asimismo, se dará preferencia a la contratación de empresas locales para fomentar la economía regional.