Claudia Sheinbaum resucitó esta semana un viejo fantasma: obligar a registrar los datos personales de quien compre un chip de celular. El objetivo, dice, es reducir la extorsión. Pero detrás de esa medida hay un largo expediente de fracasos, riesgos y precedentes que el gobierno parece ignorar.
Desde septiembre arrancó un programa piloto que obliga a presentar CURP e identificación al comprar un chip. Para 2026, incluso las líneas existentes tendrán que validarse con las compañías telefónicas.
La Presidenta lo plantea así: si al contratar un plan pospago hay que identificarse, lo mismo debe ocurrir al comprar un chip prepago. El problema es que México ya recorrió ese camino. Y no funcionó.
LOS ANTECEDENTES
En 2009, durante el sexenio de Felipe Calderón, se creó el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut). Buscaba frenar el secuestro y la extorsión asociando cada línea con una persona.
A los pocos meses, el padrón fue vulnerado: millones de datos personales aparecieron a la venta en internet por 500 pesos. Peor aún, las extorsiones aumentaron 40%. En 2012, el Instituto Federal de Acceso a la Información ordenó su eliminación.
Años después, el gobierno de López Obrador intentó resucitarlo con otro nombre: el Panaut. Esta vez incluía datos biométricos. La Suprema Corte lo declaró inconstitucional en 2022 por violar el derecho a la privacidad y carecer de justificación técnica. Dos intentos. Dos fracasos.
EL NUEVO INTENTO
La propuesta de Sheinbaum surge en un contexto distinto. Su administración impulsa reformas en inteligencia y telecomunicaciones que concentran la información digital en manos del Estado.
La diferencia, según el gobierno, es que ahora los datos quedarán bajo resguardo de las empresas telefónicas, no en una base central. Pero el riesgo persiste: cualquier registro masivo es un blanco atractivo para ciberdelincuentes.
El precedente no tranquiliza. Si en 2010 el gobierno no pudo proteger una base de datos, ¿por qué ahora sí lo harán compañías que ya han sufrido filtraciones? Y con la desaparición del Inai, ¿quién les obligará a proteger nuestros datos?
SIN EVIDENCIAS
La experiencia internacional tampoco ayuda. Unos 160 países exigen registrar chips con datos personales, pero no hay evidencia de que eso reduzca delitos. España, Alemania o Perú mantienen niveles similares de fraude y extorsión que Estados Unidos o Canadá, donde no existe registro obligatorio.
La razón es sencilla: los criminales se adaptan. Usan SIM extranjeras, números virtuales, chips clonados o teléfonos robados. El ciudadano común paga los costos: más trámites, más exposición y el riesgo real de un robo de identidad.
EL OTRO PELIGRO
Hay un punto que el gobierno evita mencionar. Desde 2024, la extorsión es delito con prisión preventiva oficiosa. Si un número registrado a tu nombre se usa para extorsionar, podrías ir a prisión directamente hasta que demuestres que eres inocente. En un país donde las suplantaciones son frecuentes, es un riesgo listo para activarse.
Los gobiernos quieren detener delincuentes con grandes bases de datos. Pero su historial muestra otra cosa: información filtrada, políticas ineficaces y ciudadanos expuestos.
El nuevo registro pretende combatir el anonimato criminal en la extorsión, pero termina poniendo en riesgo nuestra información y nuestra libertad. Hasta ahora, cada intento por controlar las llamadas ha terminado igual: más vigilancia, menos privacidad y la misma impunidad.
EL DATO INCÓMODO
Desde 1994, los jóvenes varones de 19 a 29 años son quienes menos votan. Lo dijo Norma de la Cruz, del INE: “Algo no estamos haciendo bien”. Treinta años de abstención juvenil y ningún cambio real. Si un tercio del país no vota, ¿quién decide su futuro? Otros. Siempre otros.
