México mostró compromiso político y avances normativos para prevenir y combatir la tortura, aunque persisten diferencias relevantes entre el marco legal y su aplicación cotidiana, advirtieron expertos del Subcomité para la Prevención de la Tortura al concluir su tercera visita oficial al país.

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Los especialistas valoraron reformas legales y el fortalecimiento del Mecanismo Nacional de Prevención, aunque señalaron brechas entre la norma y su aplicación, con énfasis en centros privados de rehabilitación, investigaciones deficientes y persistencia de prácticas coercitivas.

Durante la misión, efectuada del 25 al 30 de enero de 2026, la delegación reconoció la adopción de medidas clave como la Ley General para Prevenir la Tortura de 2017 y la reforma a la Ley General de Salud de 2023, además del establecimiento de fiscalías especializadas y el fortalecimiento del Mecanismo Nacional de Prevención con base jurídica y recursos.

Pese a esos avances, la jefa de la delegación, Carmen Comas-Mata, subrayó que la aplicación efectiva de las políticas de prevención sigue siendo un desafío estructural, particularmente en centros de rehabilitación para adicciones que operaron de forma privada y fuera de marcos regulatorios adecuados.

La experta alertó que en estos espacios se observaron condiciones preocupantes y prácticas coercitivas que implicaron riesgos graves de malos tratos, por lo que llamó a una intervención urgente y decidida del Estado para cerrar vacíos de supervisión y garantizar estándares mínimos de derechos humanos.

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Otro foco de preocupación se centra en la distancia entre la prohibición legal de la institucionalización involuntaria y lo documentado en terreno, donde continúan prácticas contrarias a la normativa vigente, lo que evidencia fallas de implementación y control administrativo.

El Subcomité también señaló obstáculos persistentes para investigar de manera pronta y eficaz los actos de tortura, así como dificultades para combatir la impunidad, a pesar de la existencia de un entramado legal e institucional que, en el papel, resultó sólido.

Durante la visita, la delegación recorrió centros penitenciarios de hombres y mujeres, estaciones policiales, hospitales psiquiátricos y centros de rehabilitación, además de sostener entrevistas confidenciales con personas privadas de la libertad y con personal de las instituciones.

Los expertos efectuaron visitas conjuntas con el Mecanismo Nacional de Prevención y sostuvieron reuniones formales con autoridades gubernamentales y otros actores, en un ambiente de cooperación que el Subcomité valoró de manera positiva.

Aunque reconoció el funcionamiento de un Mecanismo Nacional de Prevención competente y con recursos, la delegación insistió en la necesidad de nombrar a la brevedad a la totalidad de las personas integrantes de su Comité Técnico y de restablecer la colaboración sistemática con organizaciones de la sociedad civil.

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El Subcomité remitirá un informe confidencial al Estado mexicano con hallazgos y recomendaciones, e instó a que el documento sea hecho público y se establezca un diálogo constructivo para dar seguimiento a las medidas propuestas en materia de prevención de la tortura y los malos tratos.