GABY SALIDO

Para consolidar la democracia, la sociedad necesita que su Gobierno comience por reconocer derechos como: legalidad, transparencia y acceso a la información.

Al lograr el reconocimiento en las leyes, por cada derecho, las autoridades asumen la obligación de respetarlos, garantizarlos y promoverlos.

Mientras avanza el uso de la tecnología, se facilita a las autoridades atender su responsabilidad, logrando que las personas disfruten de derechos como el acceso a la información y a la rendición de cuentas.

Sin imaginar cómo sería la evolución de este derecho, hace más de 20 años se publicó la primera ley en el país que obligó a las autoridades a hacer pública la información que generan el gobierno en sus actividades.

A ese derecho, se han sumado otros como la rendición de cuentas, sin embargo esta administración, intenta minimizar la transparencia y el acceso a la información, minimizándola solo a datos abiertos.

Datos que -dicho sea de paso-, son seleccionados y clasificados por servidores públicos emanados de morena y partidos afines, quienes seleccionan basados en su criterio lo datos que se difundirán a la ciudadanía, y reservan los que pueden resultar incómodos para este gobierno.

Hasta antes de esta administración, nadie pensó que el derecho a la información, transparencia y rendición de cuentas, hoy se encontrara amagado y limitado por otro derecho: la protección de datos personales.

Argumentando la protección de datos sensibles, o importantes para el gobierno, reservan por 3 o 5 años información que compromete al actual gobierno, prefiriendo la opacidad en vez de la rendición de cuentas.

El repudio por la transparencia es una de las afrentas históricas de quien hoy ocupa el Palacio Nacional, basta recordar uno de los motivos que lo llevaron al desafuero siendo jefe de Gobierno del entonces DF.

Con el paso del tiempo, esta mala práctica de opacidad ha permeado en toda la administración pública de la CDMX, y ejemplos hay muchos:

Parquímetros: El dinero que se obtiene, la opacidad en las compensaciones que la Secretaría de Finanzas hace con los concesionarios, así como el destino del poco recurso que sobra.

Desarrollo Urbano: Con todo descarado y hasta simplón, pretenden burlarse de la ciudadanía al ocultar certificados de uso de suelo, argumentando que tienen datos sensibles, pero olvidan que la Ley ordena tener versiones públicas.

Incluso, ignoran que el reconocimiento de nuevos derechos, hoy, ha logrado que la máxima publicidad, sea un principio para las actividades de ordenamiento territorial de la Ciudad.

Así, en su búsqueda por transformar la CDMX, han impulsado la opacidad y estructuras paralelas a la administración para realizar actividades a espalda de la ciudadanía.

¿Esta es la ciudad innovadora y de derechos? ¡Que conveniente! ¿No?

Diputada de la CdMx por el PAN