Nos vamos enterando que los abrazos del sexenio pasado dejaron atrás al crimen organizado para dar cabida al crimen autorizado en la actual administración
Crimen autorizado

A todos nos sorprendió cuando en el sexenio anterior Andrés Manuel López Obrador aseguró que su plan contra la delincuencia organizada estaba basado en "abrazos, no balazos".
Debo decirles, amables lectores, que la delincuencia organizada funciona como la energía, "no desaparece, sólo se transforma"; por ello, en algunos casos muy específicos, con una naturaleza muy particular de organización delictiva, el dejar hacer y dejar pasar hace que ellos mismo se ajusten, la mayoría de las veces con la contención del Estado.
Pero no nos confundamos, en estos casos la participación del gobierno no es negociar, ni siquiera acordar, es decir, hacer, dejar de hacer o intercambiar algo a cambio de impunidad, de ¡ninguna manera!
La participación del gobierno es buscar, localizar, identificar y desarrollar los suficientes actos de autoridad para que los criminales se autogobiernen y vivan, como debe ser, escondidos y "a salto de mata" bajo la premisa de "te veo, te neutralizo", "violentas a la comunidad y serás perseguido".
El sexenio pasado pareciera que debió funcionar así; sin embargo, en el presente periodo, a cargo de Claudia Sheinbaum, nos vamos enterando que los abrazos dejaron atrás al crimen organizado para dar cabida al crimen autorizado.
El país entero fue negociado y entregado a dos principales estructuras criminales, el Cártel del Pacífico y el Jalisco Nueva Generación (CJNG), pero lo más patético es que México se entera por dos vías, donde una llevó a la otra; por un lado, la división del Cártel del Pacífico destapó, hace año y medio, la violencia en Sinaloa; por el otro, los EU, en el contexto de su estrategia de combate al narcoterrorismo acusan a una serie de políticos mexicanos y presionan al gobierno para actuar en consecuencia.
De no ser por estos dos elementos, la delincuencia y la política seguirían aliados como se pretendía continuar haciéndolo, "extrayendo generadores de violencia de muy poca valía" y dejando impunes a los verdaderos dueños de la gobernabilidad criminal en México, la cúpula de la clase política: gobernadores, secretarios de Estado y representantes populares federales en alianza con nuevos poderosos empresarios; delincuencia dorada en pleno.
Cuando ambas voluntades acordaron (delincuencia organizada y gobierno) presionar violentamente el voto para imponer a un candidato y entregar el territorio a la administración criminal, y una incumple, lo lógico es que la parte afectada actúe, y como en este caso la controversia no puede dirimirse ante un tribunal, la disputa se opera en el territorio mismo, con acciones criminales focalizadas para terminar con violencia generalizada, sin importar que en ese proceso pague gente inocente y se multipliquen los desaparecidos, aunque se resten los homicidios, un eficaz acuerdo para ambas partes, una verdadera cortina de humo.
Lo más grave de todo es la mentira basada en la simulación: argumentar avances en una estrategia que ha nacido muerta por las condiciones en las que esta Presidenta recibió al país; pero lo peor de todo es continuar soportando y apoyando a una clase corrupta de políticos, empresarios y empresarios políticos en disputa comercial con la delincuencia organizada, que dicho sea de paso lleva décadas operando, pero ahora con la modalidad de la autorización plena del gobierno.
"La delincuencia ha evolucionado a crimen organizado autorizado".
Bernardo Gómez del Campo
Analista de Seguridad




