La reforma legal en San Luis Potosí sobre inteligencia artificial ha provocado detenciones y controversias por su redacción ambigua y alcance penal.
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La censura en tiempos de la inteligencia artificial
Por: Juan Ortiz
El periodismo evoluciona, y la censura también. En San Luis Potosí, la inteligencia artificial terminó como pretexto para meter a la cárcel a dos mujeres periodistas por contenidos que molestan al gobierno local.
La ruta de la nueva censura empezó a mediados de octubre de 2025, cuando circuló un video que vinculaba al gobernador Ricardo Gallardo con grupos criminales. Gallardo no sólo lo negó, también lo atribuyó a manipulación con inteligencia artificial y pidió al Congreso legislar al respecto.
Menos de tres semanas después, el diputado Héctor Serrano, del PVEM, presentó una iniciativa para castigar el uso indebido de inteligencia artificial en contenidos digitales.
Era la llamada ley Serrano. El Congreso local la aprobó el 14 de noviembre con 18 votos a favor, cinco en contra y cuatro abstenciones. El decreto se publicó el 18 de noviembre y entró en vigor al día siguiente.
PRISIÓN AUTOMÁTICA
Meses después, en mayo de 2026, la reforma ya tenía consecuencias con la detención de Eréndira Reyes Aguillón, comunicadora y directora de San Wicho Times, y su hija Alejandra Hermosillo. Un juez les dictó prisión preventiva, una medida que mantiene a una persona encarcelada mientras avanza el proceso.
Días después fueron liberadas tras someterse a una suspensión condicional del proceso, a cambio de pagar una reparación del daño y firmar de manera periódica, según El País.
En un inicio no se informó quién era la presunta víctima, pero El País también publicó, tras tener acceso al expediente, que la denunciante era la senadora Ruth González Silva, esposa de Gallardo y perfilada por el PVEM para buscar la gubernatura en 2027.
Según ese medio, la denuncia se relacionó con una imagen presuntamente generada con inteligencia artificial donde Ruth González aparecía junto a Rocha Moya, investigado por las autoridades estadounidenses por vínculos con el Cártel de Sinaloa.
LEY CENSURA
La norma aprobada castiga con uno a tres años de prisión a quien cree o difunda contenido generado con inteligencia artificial que simule la identidad de una persona sin su consentimiento. Eso convierte a las piezas digitales o imágenes editadas por IA en materia penal. El problema empeora por la redacción ambigua de conceptos como difusión dolosa o alarma pública.
La propia ley incluyó excepciones para periodismo, academia, arte, parodia y crítica política. Pero esas excepciones no evitaron detenciones ni carpetas penales. Hasta la CNDH impugnó artículos ante la Suprema Corte por vaguedad e imprecisión.
ARTICLE 19 también denunció la ley Serrano por falta de taxatividad y última ratio. Taxatividad significa que los delitos deben estar escritos con precisión. Última ratio indica que la cárcel debe ser el último recurso del Estado, no la primera respuesta ante conflictos sobre reputación, crítica o información pública.
Y ahí no acaba. El Congreso de San Luis Potosí también aprobó otras reformas sobre uso indebido de inteligencia artificial. En julio de 2025 sancionó la difusión de contenido íntimo manipulado con esta tecnología sin consentimiento. En octubre incorporó la violencia digital mediante inteligencia artificial en la legislación, con el pretexto de proteger a las mujeres.
Ese andamiaje puede servir para casos reales de violencia digital. Pero en manos de gobiernos con tentación autoritaria también abre puertas para perseguir a periodistas y críticos. San Luis Potosí muestra que la censura también evoluciona al ritmo de la tecnología.
EL DATO INCÓMODO
Jubilados de confianza de Pemex dicen que el gobierno de Sheinbaum acordó subir el tope de su pensión a 134 mil 290 pesos mensuales, aunque la reforma constitucional fijó un límite cercano a 67 mil pesos. Ahora tendrían que explicar si van a corregir la reforma constitucional o contradecirlo con un decreto.
