Rubén Rocha Moya y Maru Campos hoy encarnan dos crisis distintas, pero profundamente reveladoras del momento que vive el país.
La sospecha como forma de gobierno

Por: Guillermo Ortega
La sospecha como forma de gobierno
En México ya no basta con gobernar. Ahora hay que sobrevivir a la sospecha. Y cuando esa sospecha cruza la frontera y llega con sello del gobierno de Estados Unidos o con la firma de la Fiscalía General de la República, el problema deja de ser político para convertirse en un asunto de sobrevivencia pública.
Dos casos, dos narrativas
Rubén Rocha Moya y Maru Campos hoy encarnan dos crisis distintas, pero profundamente reveladoras del momento que vive el país. Dos gobernadores -uno con licencia y otra en funciones- llamados a rendir cuentas por asuntos relacionados con el narcotráfico. Pero ahí terminan las similitudes. Porque mientras sobre Rocha Moya pesan señalamientos de presunta protección y vínculos con estructuras criminales, sobre Maru Campos cae la sospecha de haber permitido una colaboración operativa con agentes estadounidenses en territorio nacional para combatir precisamente a esos grupos criminales.
La paradoja es brutal: uno es señalado por convivir con el narco; la otra, por combatirlo con ayuda extranjera.
El peso político del caso Rocha Moya
El caso de Rocha Moya tiene una gravedad política monumental. No se trata de rumores de café ni de filtraciones menores. Se habla de acusaciones provenientes de agencias estadounidenses que lo colocan junto a otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses bajo la sombra de delitos relacionados con el narcotráfico. Y aunque en México la presunción de inocencia debe prevalecer, también es cierto que cuando Washington mueve piezas de este tamaño rara vez lo hace sin expedientes robustos detrás.
Rocha Moya decidió enfrentar el escándalo con una frase de aparente serenidad: "No tengo miedo". Pero el problema no es el miedo. El problema es la credibilidad. Porque Sinaloa no es cualquier estado. Es el epicentro histórico del narcotráfico mexicano, el territorio donde el poder político y el criminal han convivido durante décadas en una relación que muchas veces parece indistinguible.
La pregunta que hoy persigue al gobernador con licencia no es solamente jurídica. Es moral y política: ¿hasta dónde llegó la infiltración criminal en las estructuras de gobierno sinaloense? Y más aún: ¿cuánto sabía el poder federal?
Maru Campos y la sombra de la sospecha
En contraste, el caso de Maru Campos se mueve en coordenadas completamente distintas. Aquí no hay acusaciones de complicidad con los cárteles, sino señalamientos derivados de un operativo contra ellos. La narrativa que intenta construir el oficialismo es delicadísima: la gobernadora de Chihuahua habría permitido el ingreso y participación de agentes de la CIA en acciones realizadas en territorio mexicano, concretamente tras la destrucción de un narcolaboratorio en la sierra, operación seguida por un accidente vehicular en el que murieron dos agentes mexicanos y dos estadounidenses.
El asunto toca fibras extremadamente sensibles. La soberanía nacional sigue siendo uno de los símbolos favoritos del discurso político mexicano, particularmente para Morena. Por eso el gobierno de Claudia Sheinbaum ha colocado el reflector sobre Chihuahua con una intensidad inusual. La insinuación es potente: una gobernadora panista permitiendo operaciones extranjeras en México. Pretenden acusarla de traición a la patria. Pero ¿qué es más traición a la patria, permitir que agentes extranjeros colaboren en la lucha contra los cárteles o dejar que éstos actúen a sus anchas en territorio nacional?
Pero aquí aparece otra contradicción incómoda para el régimen. Porque si realmente hubo presencia operativa de agencias estadounidenses en territorio nacional, la pregunta inevitable es: ¿cómo pudo ocurrir sin conocimiento de instancias federales? Resulta difícil creer que una gobernadora tenga capacidad institucional para abrir unilateralmente las puertas a la CIA sin que el gobierno federal, el Ejército o las áreas de inteligencia mexicanas estuvieran enteradas.
La gira mediática fallida
Por eso el caso de Maru Campos huele más a disputa política que a revelación de seguridad nacional.
Y, sin embargo, la gobernadora cometió un error severo: administrar mediáticamente el escándalo con improvisación. Su recorrido por estaciones de radio y programas de televisión terminó convirtiéndose en una cadena de declaraciones confusas, contradicciones y explicaciones atropelladas. En vez de cerrar el tema, lo amplificó. En vez de transmitir control, exhibió nerviosismo.
La mala planeación mediática fue evidente. Nadie preparó una narrativa sólida. Nadie estableció límites discursivos claros. Nadie entendió que en crisis de esta magnitud cada palabra pesa toneladas. Maru Campos terminó atrapada en sus propias respuestas, enredándose con su propia lengua mientras intentaba explicar algo que requería precisión quirúrgica.
Y en política, cuando un gobernante parece confundido, la opinión pública asume que oculta algo.
El verdadero fracaso del Estado
Lo verdaderamente preocupante es el fondo de ambos casos. México está entrando en una etapa donde las acusaciones relacionadas con narcotráfico ya no distinguen partidos, ideologías ni discursos. Morena acusa al PAN. Estados Unidos señala a políticos de Morena. La FGR cita a todos. El país entero parece atrapado en un pantano donde la línea entre combate al crimen, colaboración internacional, corrupción política y persecución partidista se vuelve cada vez más difusa.
La tragedia institucional es enorme. Porque mientras los gobiernos se acusan entre sí, los cárteles siguen operando con una capacidad territorial, financiera y militar que hace mucho dejó de ser clandestina.
Ahí está el verdadero fracaso del Estado mexicano.
Hoy Rocha Moya intenta convencer de que no teme. Maru Campos intenta convencer de que es perseguida. Pero ninguno logra disipar la sensación de que México vive bajo un modelo donde el narcotráfico ya no sólo desafía al poder político: lo condiciona, lo contamina y muchas veces lo define.
Y quizá esa sea la conclusión más devastadora de todas.
En México ya no escandaliza que un gobernador sea investigado por nexos con el narcotráfico. Lo verdaderamente alarmante es que empieza a parecer normal.
@GOrtegaRuiz




