¿Y si legalizamos ya la campaña electoral permanente?

Morena, PVEM y PT ya arrancaron la ruta interna hacia 2027, pese a que el proceso electoral federal inicia hasta septiembre. El miércoles presentaron un plan conjunto y el registro de aspirantes a coordinaciones estatales empieza el 22 de junio. Y esas coordinaciones son la antesala de las próximas candidaturas.

El modelo ya se usó en 2024 con las coordinaciones de defensa de la transformación, que sirvieron para medir fuerza territorial y posicionar nombres de forma anticipada. Ahora se replica en 16 entidades, con San Luis Potosí aparte, además de diputaciones federales, municipios y distritos locales.

No me dejarán mentir, porque desde hace meses vemos a legisladores, alcaldes y otros cuadros usar informes, revistas, bardas, postales en redes y encuestas para promoverse rumbo a 2027. La ley sanciona actos anticipados de campaña, pero los políticos llevan años burlándose de ella. 

ESTÁN REBASADOS

En México se regulan las precampañas y campañas para cuidar la equidad. Es decir, para que nadie compita con ventaja indebida por tener cargo, dinero público, programas oficiales o promoción permanente desde el poder. El problema es que nuestra política siempre opera fuera de esos tiempos.

Y es cierto que Morena no inventó las campañas adelantadas, pero sí las convirtió en un modelo interno para seleccionar perfiles antes de tiempo. Por eso los periodos oficiales ya son mera simulación.

Entonces, ¿qué hacemos frente a este caos electoral? Primero, aceptar que la campaña permanente ya existe, porque mantener reglas que casi nadie respeta sólo ayuda a quienes saben burlarlas mejor y nos deja como simples espectadores.

CAMPAÑA PERMANENTE

Flexibilizar las restricciones tendría algunas ventajas. La gente podría conocer antes a los aspirantes. Los partidos podrían abrir procesos internos más largos. Y figuras nuevas tendrían más tiempo para competir contra estructuras tradicionales. Politizar más la vida pública.

Muchas democracias tienen campañas cortas. Canadá exige al menos 36 días. Australia tiene un mínimo de 33. Francia limita a unas dos semanas. Japón puede llegar a 12 días y Singapur a nueve. 

En Estados Unidos se habla de campaña permanente, donde el proceso presidencial puede durar casi dos años, entre registros, anuncios, debates, primarias y campaña general.

Pero los costos son enormes. Las elecciones federales de 2024 costaron casi 16 mil millones de dólares, alrededor de 300 mil millones de pesos. Y una campaña sin pausa favorecería a quien tiene dinero, estructura, cargo público o acceso a programas sociales. En México, eso puede empeorar el uso electoral de programas y estructuras de gobierno.

EL PUNTO MEDIO

México podría buscar un punto medio, lejos del extremo de Estados Unidos. Se puede reconocer una etapa formal de promoción interna antes del proceso oficial, con fiscalización y transparencia de los gastos, así como separación del cargo para servidores públicos que compitan.

Incluso ya existen propuestas. El consejero Arturo Castillo Loza propuso regular y fiscalizar procesos políticos adelantados, pero el INE rechazó el proyecto. Los argumentos fueron vida interna de los partidos, falta de atribuciones del INE y legislación vigente sobre precampañas. Pero insisto: ya no alcanza.

Entonces, ahí está el debate. Negar por completo mantiene la simulación actual, aunque es verdad que legalizar la campaña permanente a la brava podría premiar la ventaja de quien tiene poder y dinero. Pero la salida responsable es regular ya lo que hoy todos vemos, pero casi nadie se atreve.

EL DATO INCÓMODO

Hacienda reporta que las participaciones federales que reciben estados y municipios cayeron 6.2% en mayo y ligan tres meses a la baja. Es menos dinero para programas, obras, seguridad y educación a nivel local. La crisis internacional también pega a las finanzas estatales.