La propuesta de Sheinbaum para filtrar candidaturas reabre el debate sobre narcopolítica, simulación y exceso de regulación.
¿Nace la ley Rocha Moya?

Por: Juan Ortiz
¿Nace la ley Rocha Moya?
O también la ley Diego Rivera. Y es que Sheinbaum anunció una iniciativa para evitar que lleguen a la boleta candidatos con vínculos con grupos delictivos.
Según lo anunciado, el INE tendría una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas. Esa comisión se coordinaría con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para revisar aspirantes y emitir alertas por "posible riesgo razonable".
NARCOPOLÍTICA
La idea llega cuando Morena enfrenta señalamientos estadounidenses contra Rocha Moya, Enrique Inzunza, Juan de Dios Gámez y otros funcionarios de Sinaloa por vínculos con Los Chapitos.
También se presenta después de casos recientes de alcaldes detenidos o investigados por presuntos vínculos criminales, como el morenista Diego Rivera Navarro, de Tequila.
Sheinbaum dijo que la propuesta busca "evitar vínculos entre políticos y grupos delictivos" y que el problema no pertenece a un solo partido. Eso es cierto en términos generales. La narcopolítica atraviesa siglas. Pero hoy la carga política más fuerte cae sobre Morena porque gobierna el país y porque varios casos recientes salieron de sus propias filas.
Pero hay varios "peros" en su propuesta. El primero es que la comisión también puede servir para repartir costos políticos. Si un candidato señalado llega a la boleta, el partido podría desmarcarse diciendo que otros lo avalaron.
Tal como Sheinbaum lo hizo con la victoria electoral de Rocha Moya. Dijo que las autoridades electorales validaron la elección. Al final, la responsabilidad política se diluye entre tanta burocracia.
Además, la participación sería voluntaria. Cada partido decidiría si entrega listas. Ariadna Montiel ya dijo que Morena enviará sus candidaturas. Los demás partidos podrán entrarle, pero nada garantiza que lo hagan. Tampoco se sabe si el INE revisará candidaturas locales, lo cual es otra carga enorme.
CARGAR AL INE
El segundo problema es cargarle seguridad pública al INE. El árbitro electoral organiza elecciones, fiscaliza gastos y cuida reglas de competencia. Ahora quieren convertirlo en ventanilla de inteligencia, sin que produzca inteligencia propia.
El INE sólo procesaría alertas de otras instituciones. Pero eso lo mete en una zona delicada donde tendrá que manejar datos reservados, cuidar fuentes, avisar riesgos y no violar derechos políticos.
Y todo esto bajo la amenaza de recortes a su presupuesto. Recordemos que cuando el INE ha pedido más recursos para nuevas responsabilidades, como la elección judicial, se le ha negado. Pedirle otra tarea sin recursos suficientes significa un árbitro con menos capacidad para cumplir con calidad y cabalidad sus responsabilidades.
EL FETICHE LEGAL
Un vicio de la política es la sobrerregulación. Hoy México ya tiene leyes contra dinero ilícito y delitos electorales. De acuerdo con la Ley General de Partidos, están prohibidas aportaciones de origen ilegal. La Ley Electoral permite coordinación con Hacienda y la FGR. La Ley de Delitos Electorales castiga aportaciones prohibidas y uso electoral de programas sociales.
Incluso endurecieron castigos. Hace años metieron prisión preventiva oficiosa por uso electoral de programas sociales. Es decir, cárcel automática mientras se investiga. Pero ningún actor relevante ha caído por eso.
Así que el problema no está en fabricar otra comisión. Está en que partidos, fiscalías, UIF y fuerzas de seguridad usen a tiempo las herramientas que ya tienen. Pero la intención parece otra. Hacer como que se combate un problema sin intención real de resolverlo.
EL DATO INCÓMODO
Moody´s bajó la calificación de México y nos dejó apenas un escalón arriba del nivel donde invertir se vuelve más riesgoso. La alerta viene por bajo crecimiento, déficit, deuda y la presión financiera sobre Pemex. ¿Cuándo reaccionarán?




