Registrar a todos para perseguir a unos cuantos

El gobierno sostiene que el registro obligatorio de todas las líneas de telefonía celular será una herramienta decisiva para combatir la extorsión. La premisa parece impecable: si cada número tiene nombre y apellido, será más fácil identificar a los delincuentes. El problema es que, en México, las mejores intenciones suelen estrellarse contra una realidad donde la desconfianza ciudadana no es un prejuicio; es una consecuencia.

La polémica no gira únicamente en torno al registro. Lo que verdaderamente inquieta a millones de usuarios es el destino de sus datos personales. ¿Quién los resguardará? ¿Con qué estándares de seguridad? ¿Quién responderá si esa información termina en el mercado negro, como ha ocurrido tantas veces con bases de datos gubernamentales y privadas? La respuesta oficial ha sido insuficiente.

Más dudas que certezas

El plazo original para registrar las líneas vencía el 30 de junio. Sin embargo, el gobierno decidió extenderlo hasta diciembre. Pero ni siquiera esa prórroga ha sido explicada con claridad.

¿Aplica solamente para líneas de prepago? ¿También para las de pospago vinculadas a tarjetas bancarias y contratos plenamente identificados? ¿Habrá que acudir físicamente a un centro de atención? ¿Será suficiente un procedimiento digital? ¿Qué documentos serán necesarios? Las preguntas se acumulan mientras el Consejo Regulador de Telecomunicaciones permanece atrapado en un preocupante silencio institucional.

En un asunto tan delicado, la comunicación pública debería ser impecable. Ha ocurrido exactamente lo contrario. La incertidumbre genera resistencia. La improvisación alimenta las sospechas.

La confianza no se decreta

La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido la medida bajo un argumento comprensible: combatir un delito que ha crecido hasta convertirse en una de las principales amenazas para millones de mexicanos.

La extorsión telefónica existe. Es real. Devasta patrimonios, destruye familias y se ha convertido en una industria criminal extraordinariamente rentable. Pero reconocer la gravedad del problema no obliga a aceptar cualquier solución.

Y aquí aparece la pregunta incómoda: si durante años los delincuentes han operado desde penales, utilizando equipos telefónicos pese a los sistemas de inhibición de señal; si utilizan identidades robadas, chips adquiridos mediante terceros o redes criminales perfectamente organizadas, ¿realmente será el ciudadano común quien termine resolviendo el problema entregando nuevamente sus datos personales?

El combate al crimen organizado nunca ha dependido exclusivamente de registros administrativos. Depende de inteligencia, de investigación, de capacidades tecnológicas, de ministerios públicos que integren expedientes sólidos y jueces que castiguen con firmeza.

El Estado no puede delegar su responsabilidad

El gobierno parece trasladar parte de su obligación constitucional hacia las empresas de telefonía y, de paso, hacia los propios usuarios. Registrar millones de líneas no sustituye el trabajo policial, no reemplaza las investigaciones financieras, no desmantela bandas criminales ni impide que los delincuentes encuentren nuevos mecanismos para comunicarse.

En cambio, sí obliga a millones de ciudadanos honestos a entregar información adicional cuyo nivel de protección sigue siendo una incógnita. Y esa preocupación tiene fundamento.

México ha sido escenario constante de filtraciones de bases de datos públicas y privadas. Instituciones gubernamentales, bancos, plataformas comerciales y empresas de distintos sectores han sufrido vulneraciones de seguridad. ¿Por qué habría de suponerse que ahora será diferente?

La confianza no nace de un decreto. Se construye con transparencia, reglas claras y resultados verificables. Hasta ahora, ninguna de esas condiciones ha quedado plenamente acreditada.

La seguridad no puede construirse sacrificando la certeza

Nadie discute la obligación del Estado de combatir la delincuencia. Lo que se discute es el método. Cuando una política pública obliga a millones de ciudadanos a proporcionar información sensible, el gobierno tiene la obligación de explicar cada detalle, garantizar la protección absoluta de esos datos y demostrar por qué esa medida será realmente eficaz.

No basta con afirmar que ayudará, hay que probarlo. Y, sobre todo, hay que generar confianza antes de exigir obediencia. Porque en una democracia los ciudadanos no sólo entregan información: entregan confianza institucional. Y esa confianza, una vez perdida, cuesta años recuperarla.

Mientras el Consejo Regulador de Telecomunicaciones continúe comunicando con ambigüedad; mientras persistan dudas sobre la prórroga, el procedimiento y la protección de los datos; mientras el gobierno siga respondiendo con promesas donde los ciudadanos exigen certezas, el registro obligatorio seguirá viéndose menos como una estrategia de seguridad y más como un acto de fe. Un Estado serio no puede pedir actos de fe, debe ofrecer garantías.

La seguridad pública se construye persiguiendo delincuentes, no multiplicando trámites para quienes cumplen la ley. Ese es el verdadero desafío. Y, hasta ahora, sigue pendiente.

@GOrtegaRuiz