Prohibición de redes sociales en menores de edad

Keir Starmer salió al jardín del 10 de Downing Street y anunció que Reino Unido prohibirá las redes sociales a menores de 16 años: TikTok, Instagram, YouTube, Snapchat, X, Reddit, Threads, Twitch, Kick, Facebook. Las mismas diez plataformas que Australia vetó en diciembre. "No puedo seguir permitiendo esto", dijo. El tono fue de padre preocupado, no necesariamente de primer ministro. Y esa diferencia es la que conviene examinar.

Hay un argumento que rara vez encabeza este debate, pero quizá debería. No se trata exclusivamente de salud mental individual. Se trata también de qué tipo de persona produce el uso intensivo del smartphone desde la infancia, y en qué tipo de ciudadano se convierte esa persona.

Los especialistas elaboran respuestas a partir de nuevos enfoques que están por corroborarse en un mediano plazo. Una de las hipótesis es que la persona formada en la atención fragmentada, la gratificación inmediata y los feeds algorítmicos optimizados para la indignación desarrolla una relación distinta con la verdad, con la paciencia y con el desacuerdo.

No es una persona más ansiosa en términos clínicos. Se trata de un individuo con herramientas cognitivas diferentes para hacer las cosas que las democracias necesitan que sus ciudadanos hagan: deliberar, tolerar la ambigüedad, cambiar de opinión. 

Algunos lo han llamado la "estupidez estructural". La premisa no es que las personas sean más tontas, sino que los sistemas o dinámicas de las cuales formamos parte ahora nos hacen pensar peor en conjunto. 

Las plataformas digitales y redes sociales han hecho de la atención el mayor negocio actual y para mantenerla nada ha funcionado mejor que la indignación, la comparación y el miedo al rechazo social. Eso es lo que los algoritmos aprendieron a servir. Y eso es lo que una generación entera ha estado consumiendo desde que tenía diez años.

La pregunta sobre salud mental -si el uso de redes causa depresión, si el tamaño del efecto es grande o pequeño- es real y sigue sin resolverse. Pero no debería ser la única pregunta.

Es difícil hoy conocer el daño completo porque este es posible que aparezca veinte años después, cuando esa generación ocupa cargos, vota, gobierna y procesa los problemas colectivos con la arquitectura mental que el smartphone le construyó durante la adolescencia.

Eso convierte la decisión de Starmer en algo más que una política de salud pública emprendida por un padre preocupado. También explica por qué el 90% de los más de 116 milpadres que respondieron la consulta pública británica apoyaron la prohibición.

Lo que perciben no es un riesgo clínico individual. Es algo más difuso y más amenazante: que sus hijos están siendo formados por el algoritmo cuyo único interés es que no puedan dejar de usarla.

Australia prohibió las mismas plataformas en diciembre de 2025. Tres meses después, sietede cada 10 menores con cuentas activas antes del veto seguían teniéndolas, según el informe de la eSafety Commissioner de marzo de 2026. 

Las descargas de VPN, que sirven para cambiar la geolocalización de los dispositivos tecnológicos, casi se triplicaron en los días previos a la entrada en vigor. 

México observa desde una posición que complica todavía más ese cálculo. Mario Delgado abrió consultas en marzo con propuestas esperadas para junio. En el Congreso circulan iniciativas. El Estado mexicano, sin embargo, enfrenta diferencias relevantes frente a Australia, por ejemplo, como lo es la infraestructura de verificación de identidad fragmentada, una brecha digital aún significativa. 

Pero si el argumento de fondo no es clínico sino político -si lo que está en juego no es la salud mental de individuos concretos sino la calidad epistémica de la ciudadanía que una sociedad va a producir-, entonces la pregunta para México cambia. No es sólo si puede implementar o legislar una norma, sino también si puede seguir y plantearse con seriedad.