La Casa Blanca y el Departamento del Tesoro enviaron mensajes claros al gobierno mexicano sobre la relación comercial y la seguridad frente al crimen organizado.
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T-MEC: el costo de proteger a los intocables
Por: Guillermo Ortega
Washington dejó de mandar mensajes. Ahora está enviando facturas. Y esta semana presentó dos que el gobierno de Claudia Sheinbaum no podrá ignorar. La primera llegó desde la Casa Blanca: Estados Unidos no impulsará la ampliación del T-MEC a 16 años ni contempla renovarlo cuando concluya su vigencia. La segunda salió del Departamento del Tesoro, que anunció nuevas sanciones contra personas y empresas vinculadas con los cárteles mexicanos. Dos anuncios distintos. Un mismo destinatario. Un solo mensaje: la confianza en México se está agotando.
Durante meses el gobierno mexicano apostó a que la relación con Washington podría administrarse con discursos sobre soberanía y llamados al respeto mutuo. La realidad terminó por imponerse. La administración de Donald Trump decidió elevar el costo político de una relación que durante décadas privilegió la estabilidad y la integración económica. Lo ocurrido esta semana no es un episodio aislado; es el síntoma de un cambio profundo en la manera en que Estados Unidos entiende su relación con México.
La factura de la impunidad
Durante décadas el tratado comercial fue presentado como un blindaje frente a los cambios políticos en Washington. Hoy esa premisa se desvanece. Para Donald Trump el comercio, la migración, el combate al fentanilo, la seguridad fronteriza y la lucha contra los cárteles forman parte de una misma negociación. Quien quiera mantener un acceso privilegiado al mayor mercado del mundo también debe demostrar que es un aliado confiable en materia de seguridad.
Por eso la negativa a extender el T-MEC y la advertencia de no renovarlo deben entenderse como un mensaje político antes que comercial. No se trata solamente de revisar reglas de origen o aranceles; se trata de exigir resultados concretos frente al crimen organizado.
El caso que tensó la relación
Más de sesenta días después de que Estados Unidos solicitó la detención provisional del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y de otros funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, la respuesta mexicana sigue siendo la misma: no existen pruebas suficientes.
Washington sostiene, sin embargo, que el tratado bilateral de extradición prevé precisamente la detención provisional mientras se integra el expediente y se formaliza la solicitud. Ambos gobiernos dicen apoyarse en el mismo tratado, pero lo interpretan de manera radicalmente distinta. Mientras esa discusión continúa, lo que realmente se deteriora no es solamente un expediente judicial, sino la confianza política entre ambos países.
La segunda señal
Como si el mensaje sobre el T-MEC no bastara, el Departamento del Tesoro anunció nuevas sanciones contra personas y empresas presuntamente vinculadas con organizaciones criminales. Lejos de anunciar investigaciones independientes por parte de la Fiscalía General de la República, el gobierno volvió a responder que defenderá la soberanía nacional y que Estados Unidos no ha aportado pruebas suficientes.
El problema es que la percepción internacional comienza a ser otra: que México reacciona más rápido para cuestionar los señalamientos que para investigar los hechos.
¿Qué soberanía?
La presidenta Sheinbaum tiene razón al afirmar que México debe defender su soberanía. Todo Estado tiene la obligación de hacerlo. Lo preocupante es confundir soberanía con inmovilidad.
La soberanía no consiste en negarse a investigar a funcionarios señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado. La soberanía consiste en que el Estado tenga la capacidad de aplicar la ley, controlar su territorio y garantizar que ninguna organización criminal sustituya a las instituciones.
Cuando los cárteles disputan regiones enteras del país, condicionan la vida económica de comunidades completas y desafían abiertamente al Estado, el problema deja de ser un diferendo diplomático y se convierte en una crisis de credibilidad.
Los mercados todavía pueden esperar una década para conocer el destino final del T-MEC. La diplomacia no. La confianza empezó a deteriorarse aún más esta semana. Y cuando la confianza se rompe entre vecinos y socios estratégicos, las consecuencias terminan alcanzando la economía, la seguridad y la política. Las crisis de Estado no se resuelven con discursos. Se resuelven con decisiones. Esa es la verdadera factura que hoy comienza a pagar México.
@GOrtegaRuiz
