La violencia política en Guerrero se refleja en asesinatos de candidatos y funcionarios, con escasa respuesta efectiva de autoridades.
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Nada detiene la injerencia del crimen organizado
Por: Juan Ortiz
Ermelo Rivera Campo, regidor de Morena y aspirante a la alcaldía de Coyuca de Benítez, Guerrero, fue asesinado a balazos hace unos días. Viajaba en una camioneta con un acompañante, quien también murió.
Diversos reportes lo ubicaban como uno de los perfiles mejor posicionados de Morena rumbo a 2027. Y como ocurre en otros casos de violencia política, la respuesta de las autoridades suele limitarse a pésames y promesas de cero impunidad. Difícilmente hay detenidos. Mucho menos una revisión seria de la violencia que golpea a los municipios.
COYUCA BAJO FUEGO
Y así, como tantos municipios, la historia de violencia en Coyuca no empezó de la noche a la mañana. Ya en octubre de 2023, en El Papayo, fueron emboscados y asesinados 13 agentes, entre ellos el secretario de Seguridad Pública municipal y el director de la policía. En mayo de 2024 asesinaron a José Alfredo Cabrera, candidato opositor, durante su cierre de campaña.
En febrero de 2025 también asesinaron a Jaime Maciel Ramírez, director de Seguridad Pública municipal. En abril de ese año mataron a Noel Garay Benítez, exsecretario de Obras del ayuntamiento anterior. Y de acuerdo con medios locales, Coyuca cerró 2025 con al menos 25 homicidios dolosos.
VIOLENCIA POLÍTICA
El caso de Rivera Campo también es otro recordatorio de la violencia en el ámbito electoral. Ya habíamos hablado de los datos de Integralia, que registró 889 víctimas de violencia política durante el proceso 2023-2024, frente a 299 en 2020-2021. Guerrero encabezó el país con 125 víctimas y 56 asesinatos. Data Cívica ubicó al estado como el de mayor riesgo electoral.
En 2025, Integralia contó 382 casos de violencia política. Casi ocho de cada diez ocurrieron en municipios. El homicidio fue la agresión más frecuente. Estos datos muestran cómo los municipios son los más vulnerables y se convierten en zonas de disputa para grupos armados.
ESTADO AUSENTE
Una de las reacciones más repetidas del gobierno estatal y del gobierno federal ante hechos de violencia es desplegar elementos o tropas. Pero eso no siempre alcanza. José Alfredo Cabrera fue asesinado pese a contar con protección. Carlos Manzo también fue asesinado pese a tener la protección de 14 elementos de la Guardia Nacional. La duda es si el destino de Rivera habría cambiado con mayor presencia militar o estatal en Coyuca.
Y es que la violencia político-criminal, aparte de acabar con vidas, también decide candidatos, afecta la participación ciudadana y decide qué temas se pueden tocar en campaña.
¿Hacen falta reformas? Sí, pero no deben limitarse a crear más burocracia, como aquella de Sheinbaum que plantea una comisión en el INE para coordinarse con dependencias de seguridad e inteligencia financiera. Esa vía tiene varias limitaciones, como la falta de obligación para los partidos políticos y la ausencia de consecuencias directas si detectan candidatos de alto riesgo.
Lo que se necesita es otra cosa, y hasta es obvio. Es la prevención, investigación financiera, uso de inteligencia y aplicación de la ley en zonas con mayor amenaza. Sea antes, durante y después de los periodos electorales. Sin eso, el crimen seguirá metido en el municipio, que es el primer nivel de gobierno para la gente.
EL DATO INCÓMODO
La CNBV reporta que el Banco del Bienestar acumuló 25 multas por más de 8.8 millones de pesos entre enero de 2025 y junio de 2026. Las fallas van desde controles internos hasta administración de riesgos, según El Financiero. El banco que reparte programas sociales prende alarmas.
