Organizaciones defensoras de derechos humanos solicitaron al gobierno mexicano no aceptar el retorno del programa Migrant Protection Protocols, conocido como “Quédate en México”, al advertir que su aplicación previa derivó en violaciones graves a derechos humanos y contravino resoluciones judiciales vigentes.

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El planteamiento se dio en el contexto de cambios en la política migratoria estadounidense a través de la orden ejecutiva “Asegurando nuestras fronteras” emitida en 2025, la cual fortalece medidas de control fronterizo y contempla la posibilidad de reestablecer mecanismos de devolución de solicitantes de asilo.

Diversas organizaciones y personas defensoras de derechos humanos dirigieron una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al canciller Juan Ramón de la Fuente y al comisionado del Instituto Nacional de Migración, Sergio Salomón Céspedes, para manifestar su preocupación ante la posibilidad de que México aceptara colaborar en una nueva implementación del programa Migrant Protection Protocols.

De acuerdo con el documento, el esquema obliga a personas que buscaron protección internacional a permanecer en México mientras sus casos sean revisados en tribunales estadounidenses, sin condiciones adecuadas de seguridad ni acceso pleno a representación legal.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció la posible reactivación del esquema sin precisar fecha, y en julio de 2025 un juez de distrito autorizó una reanudación parcial mientras se resolvían impugnaciones presentadas por organizaciones civiles, por lo que el litigio continuó abierto.

En días recientes, advirtieron, diversas fuentes señalaron que la administración estadounidense evaluó retomar devoluciones bajo este esquema, incluso de familias con niñas, niños y adolescentes detenidos en el interior del país o con procesos migratorios en curso.

El documento asegura que la restauración del programa agravaría la situación de derechos humanos en la región fronteriza, al exponer a personas con necesidad de protección internacional a riesgos como secuestro, extorsión, violencia sexual, trata de personas y negación del debido proceso.

Durante la primera aplicación del programa, entre 2019 y 2021, alrededor de 70 mil personas fueron devueltas a México sin protocolos adecuados, lo que dejó a miles sin acceso efectivo a salud, educación, empleo formal y medidas de protección frente a redes delictivas.

Las organizaciones recordaron que, tras una suspensión temporal, una orden judicial estadounidense permitió su reinstalación parcial, lo que derivó en la devolución de 7 mil 505 personas solicitantes de asilo entre diciembre de 2021 y agosto de 2022, con nuevas violaciones documentadas.

El pronunciamiento subraya que la aplicación del esquema requiere el consentimiento del Estado mexicano y citó el Amparo en Revisión 302/2020, en el cual la Suprema Corte reconoció la responsabilidad de autoridades mexicanas por carecer de lineamientos de recepción con enfoque de género, infancia y discapacidad.

En ese fallo, recordó el texto, el máximo tribunal ordenó a las autoridades abstenerse de recibir personas retornadas sin la publicación previa de lineamientos en el Diario Oficial de la Federación que garantizaran documentación migratoria y acceso efectivo a derechos.

El documento concluyó con un exhorto al gobierno mexicano para rechazar cualquier reimplementación del programa y observar de manera estricta la resolución de la Suprema Corte, al considerar que el esquema resultó incompatible con obligaciones constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos.