La próxima semana sindicatos democráticos del sector de ciencia y tecnología, así como organizaciones afines, iniciarán una serie de movilizaciones, entre ponencias, mítines y denuncias ante la opinión pública.

En la Cámara de Diputados,  se realizarán dos importantes eventos el Foro de “Libertad académica y autonomía universitaria en riesgo: los agravios”; así como un mitin por la defensa del presupuesto para ciencia y tecnología y la lectura de un pliego de peticiones que entregaran a los legisladores y a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

Las demandas responden a las violaciones que se perciben derivadas de presiones presupuestales como son: requerimiento de un aumento presupuestal; alto a las violaciones de los contratos colectivos (retroactivos en prestaciones); el pago de estímulos al personal del CIDE; la regularización del personal eventual y de honorarios del CIBNOR y CIESAS. Además, la solidaridad con sindicatos que han tenido las afectaciones legales producto de la jurisprudencia 10/21 y recursos para evaluaciones en la industria nuclear.

Entre los 100 compromisos anunciados el 1 de diciembre de 2018 por el presidente de la República, el octavo señalaba: “Se promoverá la investigación científica y tecnológica; se apoyará a estudiantes y académicos con becas y otros estímulos en bien del conocimiento. El CONACYT coordinará el Plan Nacional para la Innovación en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional con la participación de universidades, pueblos, científicos y empresas”, no se han cumplido sino por lo contrario la educación superior y la actividad científica se encuentran en una situación crítica.

Hay instituciones de educación superior, como la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) que, víctimas de la austeridad, deben operar sin recursos y con personal en condiciones laborales precarias. Varias universidades autónomas, como la Universidad de Guadalajara, viven embates políticos y recortes presupuestarios por parte del gobierno estatal.

La comunidad de la Universidad de las Américas-Puebla (UDLAP) ha sido despojada de sus instalaciones. Y en varias instituciones, como el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), se ha impuesto a autoridades de espaldas a la comunidad y se ha pretendido eliminar la pluralidad académica. Hay precariedad e incertidumbre en la comunidad universitaria.

El Foro “Libertad académica y autonomía universitaria en riesgo: Los agravios” tiene por objetivo discutir la política científica de la actual administración federal, deben ser sujetas a una profunda revisión y discusión por parte de la comunidad académica y del poder legislativo. Desde el inicio de la administración el diálogo con la comunidad científica se ha roto y las acciones emprendidas han abonado a acrecentar las tensiones y generar conflicto.

El CONACYT ha emprendido una serie de cambios en la normatividad, en la configuración institucional, en los programas y lineamientos que componen al sistema científico del país, no sólo con el objetivo de reducir y centralizar los recursos, sino también, con el fin de sujetar la investigación científica a lineamientos políticos e ideológicos.

La eliminación de los fideicomisos de ciencia y tecnología, que significó una reducción significativa en los recursos y de la autonomía para concluir proyectos de investigación; los cambios en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) que violan los derechos de científicos de universidades privadas y los excluyen de facto de estímulos a la investigación; la presentación de una iniciativa de Ley de Humanidades, Ciencia y Tecnología elaborada sin consultar a la comunidad científica; la eliminación de la independencia del Foro Consultivo, que se acompañó de la persecución penal de sus integrantes; los cambios en el Programa Cátedras CONACYT, que vulneró aún más los derechos laborales de sus investigadores; los Programas Nacionales Estratégicos, que limitan la libertad investigación y de cátedra; los cambios en la normatividad de los programas de becas, que ha afectado a estudiantes en México y en el extranjero; los problemas de pagos con el programa de estancias posdoctorales; las remociones de académicos de puestos de dirección, lo que se ha traducido en el entorpecimiento de la gestión y conducción de centros públicos de investigación.

Tampoco puede dejar de mencionarse que el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación fue presentado con años de retraso y sólo reitera un discurso ideologizado. En suma, las autoridades de CONACYT se han conducido sin un diálogo real y comprometido con los distintos sectores de la academia: investigadores, profesores, posdoctorantes, becarios, estudiantes, integrantes del SNI y trabajadores de la ciencia.

Más allá de CONACYT, la política de austeridad del gobierno federal ha afectado también a instituciones de enseñanza superior e investigación. Las reducciones al gasto operativo y el trato de las entidades de educación como si fueran unidades administrativas (ENAH y Centros Públicos de Investigación -CPI) ha significado paralizar funciones sustantivas, hacer aún más precarias las condiciones de trabajo de todo el personal y la posibilidad de hacer investigación y hacer trabajo de campo para estudiantes.

Todo lo anterior corresponde a un resumen de observaciones de académicos, investigadores, profesores y sindicalistas.

Premio Nacional de Periodismo 2008 y 2016. Premio Nacional de Locución 2017. Premio México de Periodismo 2013. ferfuentesmty@hotmail.com