AIDA RAMÍREZ

Foto: Cuartoscuro

Extender el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) y el que la Secretaría de Economía (SE) presente la estrategia denominada Rumbo a una Política Industrial, “es insuficiente para abatir la inflación y generar crecimiento con la celeridad que requiere la economía”.

Así lo señaló el análisis del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), al indicar que los datos más recientes publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) sugieren una situación difícil de la economía, ya que se observa que la inflación se acelera y el crecimiento económico parece estancarse.

El “esbozo de política industrial Rumbo a una Política Industrial”, que presentó Economía, consiste mayormente de un conjunto de aspiraciones cuya concreción o procesos se observan en economías avanzadas y modernas de vanguardia.

“Ello, desde varias perspectivas de tecnología, inteligencia artificial, digitalización, inclusión, competitividad, fortaleza del mercado interno, capital humano, educación sofisticada y continua, sistemas logísticos y energías limpias y avanzadas como hidrógeno verde, entre muchas otras.

Acusó que el documento tiene un enfoque “dirigista” del Estado, pero realmente no señala acciones específicas ni quiénes serán los responsables de ellas; pero además, “conceptualmente, preocupa que señala sectores “estratégicos” específicos y propone estímulos fiscales”.

Consideró que algunos de sus propósitos se podrían resolver mediante información provista por parte de los sectores público y privado; otros, aunque deseables, se contraponen claramente a las políticas reveladas por el gobierno; y muchos no requieren de guía de política pública, sino están en el interés propio de las empresas.

De esta forma, “el PACIC II y la propuesta de política industrial de Economía, si se interpretan como una herramienta de reactivación económica, más allá de sus virtudes o defectos, son insuficientes para abatir la inflación y generar crecimiento con la celeridad que requiere la economía”.

No obstante, el CEESP señala que hay acciones inmediatas, asequibles e incluso urgentes que se pueden tomar y que, por un lado, aliviarían presiones de precios por la vía de mejorar el funcionamiento de la economía, lo que a su vez facilitaría su reactivación sólida.

De ahí que propone medidas que podrían ser positivas y en varios casos necesarias, “aun cuando podría no tener efectos notorios inmediatos sobre los precios y el crecimiento. La idea básica es corregir distorsiones existentes y reducir los costos que perjudican la actividad económica”.

Se aseguró que ello generaría un ambiente amigable para la inversión y el desarrollo de las actividades productivas, con beneficios en empleo y bienestar de los hogares, además de facilitar la generación de un círculo virtuoso en donde todos ganan.

Las acciones propiciarían regulaciones eficientes y transparentes asegurando que sus beneficios para la sociedad sean mayores que sus costos de cumplimiento; para abatir costos injustificados que entorpecen y encarecen las diversas fases de la producción, distribución y comercialización de mercancías.

También, acciones interinstitucionales para mejorar la infraestructura del país y su funcionamiento a fin de aligerar costos de distribución; operativos reforzados para combatir los robos en el transporte; combate decidido a cobros de derecho de piso, esquemas de especulación con prácticas ilegales de acaparamiento y fijación de precios (con la cooperación de instancias federales como la Guardia Nacional, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la Procuraduría del Consumidor), así como de los gobiernos estatales.

Facilitar, mediante información, vínculos entre oferentes y demandantes de insumos sobre todo dentro del sector agroalimentario; redirigir la banca de desarrollo a su vocación de apoyar la actividad económica facilitando el acceso a servicios financieros a quienes no lo tienen.

Se observó que en la actualidad, el crédito de esta banca al sector privado es ligeramente menor a la tercera parte de su cartera. Y el crédito para el sector público federal y estados y municipios es más de la mitad. El financiamiento podría canalizarse más a adquisición de insumos, aseguramiento y otras necesidades de micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).

También, se considera eliminar la incertidumbre respecto al uso de sustancias como el glifosato y a la importación de productos genéticamente modificados a fin de acelerar la oferta nacional agroalimentaria; aumentar la inversión en irrigación, no sólo presas y canales sino en riego por goteo y métodos modernos de manejo de agua.

Se considera la necesidad de fortalecer la actividad de Agroasemex y los programas de Apoyos a la Comercialización, mediante la adquisición de coberturas; utilizar al cien por ciento los acuerdos comerciales y acelerar las negociaciones pendientes que convienen al país en su conjunto, alejarse de objetivos de autosuficiencia del país, sobre todo cuando impliquen mayores costos comparados a las importaciones; eliminar cupos y cuotas de importación injustificados relativos al sector agroalimentario, así como revisar posibilidades de eliminar aranceles a la importación de productos de diversos países.