La relación mexicoestadounidense en materia de seguridad se ha convertido en un nudo complejo de desenredar. Mientras que el presidente Trump fija sus acciones en forma ofensiva y principalmente al exterior, la Presidenta de México lo hace a la defensiva y al interior.

La agenda de seguridad del vecino país está basada en el ataque frontal contra los grupos narcoterroristas, el control migratorio latinoamericano en general y el mexicano en particular; esto lo ha llevado a exigir y reforzar las fronteras. Con lo anterior, pretende frenar el tráfico de fentanilo, pensando que con ello disminuirá el consumo y desaparecerá la adicción de su población.

La estrategia de México está conformada por cuatro grandes rubros: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación y coordinación entre los tres niveles de gobierno.

Mientras los estadounidenses exigen resultados utilizando sus consolidadas agencias de seguridad, el gobierno mexicano vuelve a construir instituciones con una Guardia Nacional que sigue en una transición jurídica, estratégica, operativa y táctica, de tal suerte que, siendo Fuerzas Armadas, buscan actuar como policías.

El segundo pilar, atender las causas, una aspiración ciudadana convertida en objetivo nacional permanente desde el constituyente de 1917 y que los diferentes gobiernos “han pretendido entender” a partir del origen precario del mexicano, con resultados muy satisfactorios para pocos y devastadores para el resto de la población, puesto que los programas sociales y obra pública han creado, a lo largo de los diferentes sexenios, nuevos ricos en centenas, y muchos pobres en miles.

Fortalecer la inteligencia e investigación es el tercer pilar, esto mediante la modificación de otra institución, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y el cuarto, promover la coordinación en los tres niveles de gobierno, mandato constitucional que lo ha ordenado desde el año 2000, cuando se diseñó y aprobó la ley que sienta las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hoy, erigida como ley general.

¿El resultado? Los gobiernos norteamericanos que dan continuidad a sus políticas de seguridad tienen instituciones consolidadas y agencias de seguridad robustas, lo que ha hecho que ventilen los procesos mexicanos fallidos basados en una profunda corrupción e ineficiencia política.

En este contexto ha sido muy sencillo para el gobierno de Trump materializar sus amenazas arancelarias, operar una expulsión masiva y permanente de migrantes, aderezado con intimidaciones cotidianas para violentar la soberanía nacional en persecución de los grupos narcoterroristas que tanto han dañado a su país y al nuestro.

La respuesta mexicana, a medida de defensa contra los peores escenarios que podrían venir, ha decidido apoyar las acciones ofensivas del vecino país, desplegando cerca de 10 mil guardias nacionales en la frontera, desarrollando operativos exitosos de desmantelamiento de grupos delictivos y extraditando a 52 líderes de esta delincuencia organizada que cohabita y se multiplica en nuestro país y otros.

Esta asimetría de combate y defensa terminará por afectar el poder nacional, representado por seis campos de acción; hablamos del poder militar, diplomático, económico, social, político y tecnológico, que terminarán por impactar en todos ellos con los consecuentes daños a la seguridad interna y, posteriormente a la nacional.

Soñemos que en verdad estos acuerdos bilaterales que se están diseñando sean de verdadera coordinación; que ambos gobiernos trabajen en conjunto para combatir la ineficiencia y corrupción; que empaten las agendas para atender las causas, consolidar las instituciones, buscar, localizar, identificar y aprehender a líderes criminales; llegar a acuerdos migratorios mutuos y regresar la seguridad perdida en México y, próximamente, en los Estados Unidos.