EDUARDO ANDRADE
Una grave enfermedad se extiende por el mundo carcomiendo la función jurisdiccional: la híper politización de la justicia. Para que funcione la justicia constitucional es indispensable que la Norma Suprema constituya un referente cuyos términos tengan un contenido universalmente aceptado para resolver conflictos concretos. Esto ha dejado de ser así y la Constitución, en lugar de ser un dosel bajo el cual cabe un espacio definido, se ha convertido en una manta sin fijeza alguna que cada quien jala para su lado.
En la medida en que los textos constitucionales son interpretados al gusto político de los integrantes de los tribunales supremos, su función se distorsiona porque dejan de aplicar reglas a las que todos se atienen, y empiezan a crear las que sirvan mejor a la posición ideológica de sus integrantes, identificada a su vez con las fuerzas políticas cuyas pugnas son cada vez más enconadas.
Los tribunales constitucionales acaban siendo un jugador más que se mueve en el sentido que le parece más conveniente a sus preferencias políticas. Las corrientes neoconstitucionalistas promueven la idea de que la Constitución es movible, progresiva, maleable e imprecisa y, por tanto, su texto puede servir casi para cualquier capricho que se pretenda llevar a la práctica. Ello devalúa la función jurisdiccional que se vuelve la arena en la que cada partido pretende ocupar un espacio y así sus resoluciones en lugar de apaciguar a los combatientes, incrementan las animadversiones. En vez de resolver los conflictos, se vuelven parte de los mismos e incluso ayudan a incentivarlos. En México empezamos a ver algunos de estos síntomas y la Corte Suprema en EE. UU. también padece este fenómeno, pero el colmo es lo sucedido en España, donde el Tribunal Constitucional se ha atrevido a entrometerse en la tarea legislativa del poder que encarna la soberanía popular y posee la capacidad de disponer democráticamente acerca de la manera como se organizan las instituciones.
El marco es un fuerte enfrentamiento político entre la derecha conservadora y la izquierda actualmente en el gobierno. Esta ha pretendido hacer algunas concesiones a las tendencias separatistas al reducir la severidad de algunas disposiciones penales aplicables a quienes propician la escisión de Cataluña. La tensión política se ha agravado en virtud de que ese mismo enfrentamiento imposibilitó la designación de algunos miembros del Tribunal Constitucional ya que los partidos no se ponían de acuerdo en tanto que el gobierno tiende a que la renovación se haga con personajes que sean partidarios de sus políticas, las cuales por definición cuentan con apoyo democrático. Eso genera un especié de círculo vicioso que reduce el nivel de selección de los miembros de ese órgano judicial e incrementa el posicionamiento político de los aspirantes a ascender en la carrera judicial no por la vía de sus conocimientos y experiencia, sino por el apoyo que le puedan brindar los políticos prácticos.
El Tribunal Constitucional español incluso implementó una noción extrema para imponerse a los legisladores: la medida cautelarísima, a fin de suspender un proceso legislativo tendiente a modificar el sistema de nombramiento de los magistrados constitucionales, que ahora requiere mayoría calificada, para aplicar un método que facilite una decisión mayoritaria y permita la designación de los jueces necesarios para renovar el referido tribunal. Dado que esta fórmula permitiría destrabar el proceso pero favorecería la designación de jueces partidarios al gobierno actual, la oposición no solo opera dentro de los órganos legislativos sino abiertamente al interior del propio tribunal donde los seis jueces conservadores, de hecho infiltraron en el Senado para paralizar su decisión.
Es preocupante que ese fenómeno esté ocurriendo cada vez con más frecuencia y muestra el grado de disfuncionalidad al que ha llegado la justicia constitucional desde el momento que no es la garante de la aplicación de una norma en la que todos coincidan básicamente. Ahora se asume como el espacio donde puede desplazarse la representación democrática de los órganos legislativos para imponer un punto de vista político ajeno a la decisión proveniente de las urnas, lo cual altera la idea del poder fundado en la voluntad popular para transferir la autoridad a la aristocracia de la toga, con la consiguiente pérdida de su credibilidad y prestigio ya que los jueces en lugar de dar fin a un litigio especifico, optan por tomar decisiones gubernativas aun a contrapelo de la voluntad popular mayoritaria. La reciente decisión del Tribunal Electoral del PJF contra la convocatoria para designar consejeros electorales es una prueba de ello.
Es preciso que los poderes electos popularmente resuelvan sus conflictos políticos mediante determinaciones tomadas en las urnas y el Poder Judicial dedicarse a resolver conflictos en concordancia con el sentido de los textos redactados por el Poder Legislativo y no con el contenido que quieran darle los juzgadores.
@DEduardoAndrade
