La Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ha realizado, en lo que va de 2026, 158 detenciones de personas presuntamente dedicadas al robo de mercancía en tiendas departamentales, supermercados, clubes de almacén y establecimientos de autoservicio, conocidos comúnmente como “farderos”; estas acciones permitieron recuperar productos con un valor total de 4 millones 604 mil 784 pesos.
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De acuerdo con la dependencia a cargo de Pablo Vázquez Camacho, las detenciones se registraron en distintos establecimientos comerciales de la Zona Metropolitana del Valle de México, donde el personal policial detectó a los probables responsables cuando intentaban sustraer diversos productos sin realizar el pago correspondiente.
Entre las personas detenidas se encuentran 38 menores de edad, además de una mujer de nacionalidad ucraniana y otra de nacionalidad colombiana.
Las acciones policiales se realizaron en las alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Coyoacán, Azcapotzalco, Iztapalapa, Xochimilco, Tlalpan y Gustavo A. Madero, así como en los municipios mexiquenses de Huixquilucan, Atizapán de Zaragoza, Tecámac y Naucalpan.
La dependencia explicó que uno de los casos ocurrió en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde, a solicitud del personal de prevención de pérdidas de una tienda departamental, uniformados detuvieron a un hombre de 64 años de edad que intentó sustraer diversas prendas de vestir con un valor aproximado de 111 mil 500 pesos sin efectuar el pago correspondiente.
En otro hecho, en la colonia Los Morales, también en la alcaldía Miguel Hidalgo, oficiales detuvieron a un joven de 17 años de edad señalado por intentar llevarse mercancía valuada en 281 mil pesos sin registrarla en cajas.
El tercer caso, explicó, fue en una tienda departamental ubicada en la alcaldía Cuajimalpa, donde un hombre de 38 años fue detenido por intentar sustraer diversos productos cuyo valor fue estimado en 34 mil 400 pesos.
Por lo anterior, informó que todas las detenciones se realizaron conforme a los protocolos de actuación policial; las personas fueron informadas de sus derechos y posteriormente puestas a disposición de las autoridades ministeriales correspondientes, quienes determinarán su situación jurídica conforme a lo establecido por la ley.
