PEF 2025: entre deudas y recortes

La SHCP prevé un crecimiento del PIB del 2-3 %, más optimista que el 0.8-1.2 % de los analistas, con una meta de ingresos públicos del 5.4 %.



Los cálculos realizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) una vez más son optimistas. Por ejemplo, mientras las estimaciones de bancos y organismos financieros proyectan para México un crecimiento de entre 0.8 % y 1.2 % del PIB, oficialmente se considera un crecimiento de entre 2 % y 3 % del PIB. Esto, a su vez, implica que se estime un aumento en la recaudación y los ingresos públicos del 5.4 %, difícilmente alcanzable.

En la proyección del gasto público para 2025, aunque se intente hacer creer lo contrario, se plantean dolorosos recortes: una reducción del presupuesto para la Secretaría de Salud (-34 %) y la de Educación (-1.5 %). De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), la inversión también presenta un recorte del 14 % respecto a 2024. Una mala noticia, ya que este tipo de recursos es precisamente el que detona el crecimiento del país. Los recortes al gasto implican afectaciones a programas de atención a la población más vulnerable y menores transferencias a los estados y municipios.

Mención especial requiere la deuda pública. Entre 2019 y 2025, el saldo de la deuda pasará de 14.4 a 18.6 billones de pesos. El CIEP estima que la deuda pública por persona alcanzará los 139 mil pesos en 2025. Este alto endeudamiento debe pagarse: para 2025 se prevé un gasto de 1.4 billones de pesos en costo financiero.

Al menos en papel, las reformas constitucionales continúan ampliando nuestros derechos: pago de becas, programas sociales, ayudas y pensiones. Sin embargo, los recursos del PEF no alcanzan y traen consigo recortes importantes. En las reformas relacionadas con organismos autónomos, reformas administrativas y del Poder Judicial se promete que los recursos resultantes de su extinción se destinarán al pago de programas sociales o de forma específica a las Pensiones del Bienestar. Sin embargo, en caso de que así sea, esto solo será una breve ilusión.

Los ahorros se convertirán en gastos, ya que: 1) las reformas reconocen y protegen los derechos laborales, por lo que existen dos opciones: se incorporan como trabajadores de la administración pública o son despedidos con la liquidación correspondiente con un costo adicional; 2) los recursos apropiados o confiscados de los organismos autónomos no equivalen en lo más mínimo al recorte de gasto programable, equivalente a 244 mil mdp; 3) la implementación de las reformas costará mucho más que lo “ganado” por reducir sueldos y desaparecer organismos.

El escenario que se configura para el próximo año ya había sido pronosticado. La irresponsabilidad del gasto en 2023 y 2024 está pasando factura en el primer año de esta administración. Una complicación adicional es la agenda que le imponen desde el Congreso a la presidenta Sheinbaum. A medida que el espacio para maniobrar el gasto público se reduce, la improvisación en los procesos legislativos aumenta la incertidumbre en esta administración.

*Manuel Guadarrama es maestro en políticas públicas y profesor universitario. 

Manuel Guadarrama | @ManuGuadarrama*