El diputado federal Federico Döring solicitó que la Fiscalía General de la República llame a declarar al exconsejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra, para aportar información y documentación relevante en la investigación, particularmente respecto de posibles responsabilidades de servidores públicos y operadores políticos.

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El legislador panista precisó que presentó una denuncia y también una ampliación en la que se incluyó a servidores públicos y exservidores públicos de la Unidad de Inteligencia Financiera, así como a autoridades estatales, municipales y particulares de Tamaulipas, por su posible omisión, falta de actuación o encubrimiento frente a operaciones presuntamente relacionadas con el huachicol.

Entre los señalados se encuentran los ex titulares de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez Álvarez y Santiago Nieto Castillo, además de diversos funcionarios y agentes aduanales cuyas responsabilidades deberán ser determinadas por la autoridad ministerial.

Precisó que hizo una nueva ampliación de la denuncia por contrabando, encubrimiento, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, por lo que solicitó que Scherer Ibarra sea citado para que entregue información y documentación relevante, particularmente sobre posibles responsabilidades de servidores públicos y operadores políticos.

Döring precisó que esta ampliación forma parte de un procedimiento legal iniciado con anterioridad y que el expediente ya incluye una ampliación previa relacionada con hechos ocurridos en el estado de Tamaulipas, entidad considerada estratégica en las operaciones vinculadas al tráfico ilícito de hidrocarburos.

El diputado subrayó que la denuncia también contempla posibles vínculos con personas cercanas al poder presidencial, por lo que corresponde a la Fiscalía esclarecer los hechos con plena independencia.

“Cuando existen indicios de delitos tan graves como el huachicol, la obligación es ampliar la información y acudir a la Fiscalía. Nadie puede quedar fuera del alcance de la ley, independientemente de su cargo, su cercanía con el poder o su apellido”, precisó.

Döring afirmó que la acción presentada no responde a confrontaciones partidistas, sino al deber constitucional de exigir rendición de cuentas y combatir la impunidad.

“La ley debe aplicarse sin excepciones ni privilegios. México necesita investigaciones a fondo y sin protección para nadie”, concluyó.