En el primero de cinco conversatorios convocados para analizar la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, representantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), Artículo 19, Conectadas, la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones y otros organismos de la sociedad civil solicitaron a los senadores rehacer el proyecto para garantizar certeza jurídica, evitar la concentración de atribuciones en la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, y convocar al titular de dicho organismo, José Merino, para que participe en el proceso legislativo.

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Uno de los anuncios destacados del encuentro fue hecho por el senador Javier Corral, quien señaló que el artículo 109 será eliminado y que ese punto ya no sería materia de discusión en los conversatorios.
En este sentido, en entrevista posterior, Corral Jurado dijo que “estamos evidentemente ante un proyecto al que le faltó un poco más de cuidado en la elaboración y que ella al darse cuenta ha generado un espacio que nosotros celebramos y del que estamos ahora inmersos”.

Durante los posicionamientos, el senador Javier Corral pidió al morenista Manuel Huerta evitar las descalificaciones contra la oposición, al considerar que el conversatorio era de interés general.
Asimismo, llamó la atención a Ricardo Anaya Cortés, quien tras calificar de “perorata” los argumentos de los senadores oficialistas, recibió del moderador un llamado a respetar a los participantes.

En entrevista posterior, el senador del PAN Ricardo Anaya advirtió que “solo eliminar el 109 sería una absoluta tomadura de pelo. El 109 se tiene que ir, no tengan ustedes ninguna duda, pero se tienen que resolver muchas otras barbaridades, porque hoy, como está la ley, el gobierno va a poder acceder a la geolocalización, o sea, saber en dónde estás en tiempo real cuando se le pegue la gana”.

Anaya agregó que “la redacción actual viola el Tratado de Libre Comercio, lo cual nos va a meter en un problemón económico, y lo más grave, concentra en una sola persona todas las facultades para dar concesiones, quitar concesiones, bloquear tu plataforma digital, bloquear tu cuenta de Twitter, de Facebook, de Instagram si no le gusta al gobierno lo que estás diciendo”.

Al advertir que si solo se hacen ajustes menores no se podrán atender los desafíos actuales y futuros del sector, los ponentes coincidieron en que la discusión debe realizarse bajo un esquema de parlamento abierto con transparencia y participación efectiva, al señalar que una reforma incompleta podría limitar derechos fundamentales como la libertad de expresión, el acceso a la información y la pluralidad en los medios.
En ese marco, se enfatizó la importancia de no restringir el trabajo de comunicadores independientes, quienes deben ejercer su labor sin quedar sujetos a funciones técnicas bajo argumentos de simplificación administrativa.

Durante su participación, la analista Denise Dresser advirtió que “están construyendo un modelo de control chino, pero sin controles” y explicó que la amplitud de atribuciones que tendría la Agencia comprometería la autonomía institucional y afectaría el equilibrio de poderes.

En su intervención, el senador Ricardo Anaya cuestionó si los artículos 56, 57 y 58 de la iniciativa en discusión violan el artículo 18.8 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), a lo que Gabriel Oswaldo Contreras, representante del Consejo Coordinador Empresarial, respondió que así ocurriría si no se replantea el contenido de la ley.

En el conversatorio, organizado por el Senado de la República, especialistas, representantes empresariales y organizaciones civiles manifestaron su temor ante los riesgos de eliminar al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y trasladar facultades a una agencia centralizada.

En ese sentido, Javier Juárez, comisionado presidente del ahora extinto IFT, recordó que la regulación asimétrica permitió avances en la última década y propuso dotar al Instituto de los recursos necesarios para continuar impulsando el talento humano y garantizar derechos de usuarios y audiencias.

Por parte del sector industrial, José Antonio García, presidente de la CIRT, consideró que la ley otorga facultades ilimitadas a la Agencia de Transformación Digital y propuso mecanismos de supervisión autónomos que eviten decisiones discrecionales.

En su momento, Jorge Bravo, de la AMEDI, advirtió que la propuesta representa un retroceso normativo al señalar que lo que se requiere es una ley con visión de Estado y no una ley de control y censura.
También participó Adriana Labardini, de Conectadas, quien afirmó que un error en esta legislación puede frenar por décadas el desarrollo digital y subrayó que debe ser una ley que cree puentes, no muros digitales.

Por su parte, Priscila Ruiz, de Artículo 19, alertó que con la extinción del IFT se pierde la autonomía regulatoria y advirtió que es el inicio de un régimen de control bajo el argumento de la soberanía digital.
En su intervención, Héctor Bernal, de American Chamber, señaló que la redacción actual es violatoria del T-MEC y sostuvo que este es el momento para construir un marco regulatorio moderno que fortalezca la competitividad y la inversión.

A su vez, Cindy Rayo, de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones, destacó que el marco propuesto altera la neutralidad entre operadores y llamó a promover un entorno equilibrado y tecnológicamente neutro para cerrar brechas digitales.

En representación del Poder Legislativo, la senadora Claudia Anaya, del PRI, y la senadora Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, coincidieron en que la propuesta debilita la libertad de expresión y distorsiona la competencia al permitir al gobierno actuar como regulador, operador y concesionario.

Para cerrar, Javier Corral, moderador del encuentro, subrayó que esta reforma ofrece una tercera oportunidad histórica para garantizar una legislación equitativa frente al nuevo contexto digital. Señaló que la base de la democracia es la información y que, si no se acota la brecha digital, las consecuencias serán más devastadoras para quienes menos tienen.