Hay derrotas que duelen por inevitables y otras que pesan más porque eran perfectamente evitables. La presidenta Claudia Sheinbaum acaba de experimentar estas últimas. Dos reveses consecutivos en el Congreso, en torno a su reforma electoral y su intento de incorporar la consulta de revocación de mandato en 2027, no sólo exhiben un error de cálculo político, sino también una lectura equivocada del momento que vive su propio bloque.

El llamado “plan B” terminó siendo, en los hechos, un plan disminuido. El Senado aprobó la reforma electoral, sí, pero sin el componente más polémico y estratégico: la revocación de mandato que habría colocado a la Presidenta en la boleta de 2027. Una jugada que, de haberse concretado, le habría permitido incidir directamente en las elecciones intermedias, promover a su partido y operar políticamente en un proceso histórico.

Pero no ocurrió. Y no ocurrió porque no había condiciones.

Una reforma sin demanda

El primer error fue de origen: impulsar una reforma electoral que nadie estaba exigiendo. No había crisis institucional, no había presión social, no había una narrativa convincente que justificara modificar las reglas del juego. Cuando un gobierno promueve cambios de gran calado sin una demanda clara, lo que genera no es respaldo, sino sospecha.

La oposición encontró terreno fértil para descalificar la propuesta, calificándola de innecesaria. Pero más revelador aún fue el comportamiento de los aliados. El Partido Verde y el Partido del Trabajo decidieron no acompañar a Morena en la Cámara de Diputados. No se trató de una traición, sino de un mensaje: las alianzas no son cheques en blanco.

La ruptura que ya estaba ahí

El segundo revés, el rechazo a la revocación de mandato para 2027 en el Senado, terminó por confirmar lo que ya se había insinuado: la coalición oficialista es funcional, pero no incondicional. El Partido del Trabajo, que en otros momentos ha sido un aliado disciplinado, esta vez optó por no respaldar una iniciativa con un claro sesgo político-electoral.

La oposición, por su parte, hizo lo que le corresponde: bloquear una propuesta que consideraba ventajosa para el oficialismo. Pero el dato relevante no está ahí, sino en la incapacidad del gobierno para alinear a los suyos. Porque cuando un proyecto político no logra cohesionar ni siquiera a su propia mayoría, el problema no es la oposición, sino el diseño.

El costo de la imposición

El fondo del asunto es claro: se intentó imponer una reforma sin consenso. Y en política, las imposiciones rara vez prosperan cuando no se tienen los votos asegurados, más aún cuando lo que está en juego son las reglas electorales, un terreno sensible donde la legitimidad depende tanto del contenido como del proceso.

La presidenta Sheinbaum apostó por avanzar sin negociar lo suficiente, confiando quizá en la inercia de la mayoría legislativa heredada. Pero gobernar no es administrar inercias, sino construir acuerdos. Y ahí falló.

2027 en el horizonte

Las elecciones intermedias de 2027 serán las más grandes en la historia reciente del país: 17 gubernaturas, la renovación completa de la Cámara de Diputados y cientos de cargos locales. En ese contexto, la revocación de mandato no era un tema menor. Era, en realidad, una pieza clave de una estrategia política de largo alcance.

Por eso su exclusión no es un detalle técnico, sino un golpe político. Le quita a la Presidenta una herramienta de movilización y exposición que habría sido decisiva. Y, sobre todo, evidencia que no todo se puede.

Elegir batallas

El doble revés deja una lección evidente: no todas las reformas son urgentes, ni todas las iniciativas son viables. En política, elegir las batallas es tan importante como ganarlas. Y cuando se eligen mal, el costo no sólo es legislativo, sino también simbólico.

Porque perder una votación puede ser circunstancial. Pero perder dos, en temas impulsados directamente desde el Ejecutivo, empieza a dibujar un patrón. La presidenta Sheinbaum no enfrenta una crisis de gobernabilidad, pero sí enfrenta algo más sutil y potencialmente más peligroso: el desgaste prematuro de su capacidad de convocatoria.

Y ese, a diferencia de una votación perdida, no se recupera con una nueva iniciativa. Se corrige con oficio político. De lo contrario, el verdadero plan B no será el de la reforma electoral, sino el de aprender –a tiempo– que el poder sin acuerdos es, en el mejor de los casos, poder prestado.