Ante los intentos en estados de corte conservador de limitar el derecho al aborto, como ocurrió en Aguascalientes, donde el plazo para la interrupción legal del embarazo se redujo a seis semanas, el Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados propuso eliminar del Código Penal Federal el delito de aborto.

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La diputada Ana Karina Rojo Pimentel explicó que la iniciativa plantea suprimir completamente los artículos 329 al 334 del Código Penal Federal, con el objetivo de evitar la persecución penal de las personas gestantes.

“Lo que buscamos es evitar una persecución penal, derivada del derecho al aborto como derecho humano, y así contribuir a atender el problema de los embarazos no deseados”, subrayó la legisladora.

La propuesta, turnada a la Comisión de Justicia, busca erradicar la maternidad forzada, prevenir afectaciones físicas y psicológicas, y garantizar un acceso seguro, igualitario y digno a los servicios de salud reproductiva.

Rojo Pimentel destacó que en México el aborto ha sido históricamente estigmatizado, lo que genera discriminación estructural contra las mujeres y vulnera sus derechos humanos.

Asimismo, advirtió que el embarazo adolescente representa un grave riesgo para la salud física y emocional de las jóvenes, por lo que insistió en la necesidad de políticas públicas de prevención, educación sexual integral y acceso efectivo a servicios de salud reproductiva.

La diputada señaló que la penalización del aborto ha obligado a muchas mujeres a recurrir a procedimientos clandestinos, poniendo en riesgo su vida, razón por la cual consideró indispensable que el Estado enfoque sus esfuerzos en proteger los derechos a la salud, la información y la seguridad jurídica.

La iniciativa también retoma los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ha determinado la inconstitucionalidad de normas que criminalizan el aborto, al establecer que ninguna persona gestante puede ser procesada penalmente por esta causa.

La legisladora enfatizó que la interrupción del embarazo debe abordarse como un derecho y no como un delito, evitando obstáculos legales que perpetúan desigualdades sociales, económicas y de género.

Finalmente, subrayó que la autonomía reproductiva es una decisión de la persona gestante, y que factores como la pobreza, la falta de oportunidades educativas y laborales, así como la ausencia de entornos de protección, agravan la carga social y moral que enfrentan las mujeres.

Cabe recordar que una iniciativa similar fue presentada en el Congreso de la Ciudad de México, pero fue frenada tras la polémica y las manifestaciones de grupos conservadores.