La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Reyna Celeste Ascencio Ortega, propuso que la reforma electoral establezca de manera permanente las acciones afirmativas y que el Instituto Nacional Electoral supervise su cumplimiento, con el fin de garantizar la participación política de personas indígenas, afromexicanas, con discapacidad, migrantes y de la diversidad sexual.

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Durante el foro Acciones afirmativas en el marco de la reforma electoral, la senadora de Morena explicó que las nuevas disposiciones deben obligar a los partidos a postular candidaturas de grupos en situación de discriminación, con proporciones mínimas definidas por la autoridad electoral para asegurar una representación real en los espacios de decisión pública.

Entre las propuestas que presentó destacó la incorporación del principio de paridad interseccional, que busca garantizar la paridad de género en las candidaturas de los distintos grupos sociales.

También planteó que el Instituto Nacional Electoral cuente con la facultad de emitir lineamientos para verificar el cumplimiento de las acciones afirmativas y sancionar los casos de simulación en las postulaciones partidistas.

Ascencio Ortega propuso además la creación de medidas complementarias que fortalezcan la participación efectiva de quienes resulten electos mediante acciones afirmativas, como la disponibilidad de intérpretes, accesibilidad, formación política y acompañamiento institucional y sugirió también realizar evaluaciones periódicas sobre el impacto de estas medidas para consolidarlas y evitar retrocesos en materia de derechos políticos.

La senadora morenista recordó que, desde que llegó a la Cámara alta, presentó dos iniciativas relacionadas con el tema, donde se propone sancionar a los partidos políticos que incurran en actos de simulación y la otra para sancionar a las personas que participen en esas prácticas.

“No estamos esperando que haya una reforma electoral para empezar a trabajar en lo que se requiere; sin embargo, es muy importante que ahora que ya se da la coyuntura de esta reforma veamos de qué manera seguir avanzando”, afirmó.

Ascencio Ortega presentó un panorama sobre la aplicación actual de las acciones afirmativas a nivel federal, en el que detalló que en la Cámara de Diputados se registraron 21 candidaturas indígenas por mayoría relativa y nueve por representación proporcional, para un total de 30.

En el caso de las personas con discapacidad fueron seis candidaturas por mayoría relativa y dos por representación proporcional; en personas afromexicanas, tres y una; en diversidad sexual, dos y una; y en personas migrantes, cinco por representación proporcional.

La legisladora señaló que el propósito de estas medidas es garantizar condiciones de igualdad en la competencia política y evitar que el poder o los recursos económicos determinen los resultados electorales.

En el encuentro participaron académicos, activistas y especialistas en derechos humanos y procesos electorales. Daniel Fernando Garza Villarreal subrayó la importancia de fortalecer la relación con las personas con discapacidad, dotar de infraestructura accesible los espacios electorales y capacitar a los funcionarios públicos para que comprendan que no se trata de asistencia social, sino de garantizar derechos humanos y asegurar que todas las personas tengan voz.

En tanto, Daniel Tacher Contreras, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, afirmó que la experiencia de dos décadas demuestra que el voto desde el extranjero no afecta la integridad electoral, sino que la fortalece.

Consideró que garantizar el ejercicio pleno de derechos a quienes residen fuera del país representa cerrar una brecha de exclusión y avanzar hacia el reconocimiento de una sociedad binacional.

Finalmente, el abogado y escritor Diego Vázquez Cruz coincidió en la necesidad de capacitar a todos los funcionarios electorales en derechos humanos y en la atención a grupos prioritarios, con el fin de aplicar las normas de inclusión en la práctica cotidiana y propuso incorporar en la reforma electoral acciones específicas, como la tipificación de la violencia contra personas de la diversidad sexual, para visibilizar y eliminar esta forma de discriminación.