PATRICIA RAMIREZ

Foto: Cuartoscuro (archivo)

Ante la dificultad de lograr la aprobación de la reforma constitucional en materia electoral en la Cámara de Diputados, el plan B del gobierno de Andrés Manuel López Obrador propone modificar muchos de los elementos estructurales del Instituto Nacional Electoral (INE), como fusionar direcciones y cambiar criterios, aseguró el doctor Víctor Manuel Alarcón Olguín, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

El especialista explicó que aunque no puede cambiarle el nombre al INE, a través de modificaciones a las leyes secundarias se podría cambiar el modelo de asignación de recursos al interior del organismo electoral.

Señaló que es previsible que la reforma alterna proponga cambiar su estructura a nivel de direcciones ejecutivas, fusionar o modificar dinámicas operativas que el INE había articulado con los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), reorganizar muchas de esas capacidades de asunción, delegación y compartición de responsabilidades, así como modificar acuerdos, lineamientos y remuneraciones.

“Con el plan B se forzará al INE para que reduzca sustancialmente lo que los críticos del organismo han ubicado como áreas problemáticas, tales como fideicomisos y fondos de recursos detectados por la Controlaría en los que se sospecha que se hubieran generando presuntas conductas inadecuadas”, precisó el investigador.

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Agregó que una vez que se conozca la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador se sabrá hasta dónde estos temas que se impulsan podrían tener efectos no sólo a nivel de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, sino también en las condiciones de la competencia que afectaría a la Ley General de Partidos Políticos.

El plan podría cambiar las formas en que los partidos políticos se presentarán para hacer alianzas y coaliciones, lo cual sería un elemento que ataque las condiciones mismas de la oposición para competir en 2024 y más adelante. “La cancha puede ser muy alterada y el árbitro mismo puede ser disminuido en sus facultades a través del reglamento de elecciones”, indicó Alarcón Olguín.

Para el investigador, también afectaría al servicio profesional electoral, con lo cual puede darse la salida de mucho personal que hasta ahora ha tenido la experiencia para desarrollar de manera adecuada tramos significativos de las elecciones.

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“El hecho de que tentativamente se fijen nuevas reglas para modificar en forma sustancial la elección de los cuatro consejeros que saldrían en abril del próximo año, generaría un sesgo de dados cargados, en la medida de cambiar la participación de los organismos del Estado –INAI y la CNDH– y el Legislativo en la designación de los consejeros electorales”, advirtió.

Además, con una reforma en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el Tribunal Electoral puede verse afectado sobre causales de nulidad, tipificación de delitos electorales, que van junto con la Ley de Derechos Electorales que afecta a la Fiscalía Especializada, pero además hay otras afectaciones que trascienden al INE y que complementan el modelo con el cual opera el sistema electoral, precisó el investigador.

Para una reforma tan compleja, que implicaría afectar los cuatro ordenamientos electorales y algunos más como los temas de financiamiento, comunicación y fiscalización obligan a ver cuestiones en el ámbito bancario y hacendario, de ahí la necesidad de que la discusión no pueda ser precipitada.

“Si bien puede ser un deseo legítimo del presidente construir un sistema electoral que cueste menos, me parece que la idea de guiarse con un criterio estrictamente económico puede lograrse hasta cierto punto, pero no puede pasar si los propios partidos políticos no enfrentan adecuadamente estos temas para crear el ambiente de confianza desde el cual se pueda competir en las elecciones”, sentenció.

Alarcón Olguín recordó que hace 35 años el planteamiento era tener elecciones confiables y un reclamo democrático, un sistema que garantizara plenamente la autonomía y que diera certeza a los participantes de que las autoridades electas eran resultado de la voluntad popular, con sufragios que se hubieran contado bien.

La movilización del domingo pasado –dijo– es una respuesta, que no se había tenido durante el sexenio, al desafío que fue leído por el presidente como un reto que él tenía que contestar de alguna forma. El control de las calles, del discurso y de la agenda se vieron tocados o amenazados.