PATRICIA RAMÍEZ
Foto: Cuartoscuro
Morena y sus aliados preparan otro albazo para sacar esta misma semana la Ley General en materia de Humanidades de Ciencias, Tecnologías e Innovación, aunque no han concluido los foros de parlamento abierto sobre el tema y pese a la crítica de comunidades científicas.
Con solo tres sesiones pendientes de este periodo ordinario de sesiones, las comisiones unidas de Ciencia y Tecnología y Educación sesionarán este lunes para dictaminar la iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y a la cual se le hicieron modificaciones menores.
Se prevé que el martes sea subida al pleno para su discusión y sea avalada por la mayoría de los legisladores de Morena, PT y PVEM, pues basta con mayoría simple para que sea aprobada en San Lázaro, aunque tendría que pasar al Senado para su ratificación y ahí podría quedar en suspenso.
El proyecto, presentado por la presidenta del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, María Elena Álvarez Buylla, propone definir la política científica desde el Estado y establece la creación de un Sistema Nacional de Centros Públicos de Investigación, además de un Consejo Consultivo Interno para definir los proyectos de investigación.
“Esta primera Ley HCTI evita que se invierta el dinero público en proyectos de particulares con fines de lucro y sin ningún beneficio público, lo que garantiza el adecuado uso de los recursos públicos dirigidos a la ciencia aplicada para resolver y proponer soluciones a los problemas prioritarios del país”, señala la presentación de este documento.
Sin embargo, el colectivo Red ProcienciaMx, que agrupa a investigadores y académicos de diversas instituciones, advirtió que se firmó un acuerdo con la mesa directiva de la Cámara de Diputados para que se hicieran siete foros de parlamento abierto y apenas se han realizado dos, por lo que demandaron que sea respetado su derecho a opinar sobre un tema tan importante.
Advirtieron que la propuesta es centralista y vertical, además de que viola la soberanía de los estados en el diseño del sistema científico y la Constitución al no respetar su autonomía.
Asimismo, consideraron que se debilita al Conacyt y se elimina el porcentaje mínimo de presupuesto destinado a la ciencia, lo que es sumamente grave, además de que se excluye a los científicos del diseño de la política pública. A esto se suma otro precedente sumamente nocivo, pues se viola, en la práctica el derecho a la libertad de cátedra y de investigación.
Entre las propuestas de la iniciativa está la prohibición de la constitución de fideicomisos y figuras análogas que, hasta 2020, generaban dependencia entre la operación del sector y el financiamiento de proyectos, mediante múltiples fondos que se manejaron con opacidad y de forma arbitraria.
Acusa que estos fideicomisos permitieron transferencias millonarias a grandes empresas nacionales y transnacionales, asociaciones civiles y universidades privadas que no requerían apoyo por parte del Estado y no dieron los resultados esperados, simulando el fomento de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación.
Asimismo, promueve que los recursos fiscales destinados al fomento de actividades del sector sean entregados directamente y sin intermediarios a las y los beneficiarios, así como a las personas investigadoras y becarias.
