El senador José Antonio Álvarez Lima aseguró que luego de que la presidencia de la República habló sobre los cambios que se harán a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se elaborará un nuevo dictamen para llevarlo a un periodo extraordinario de sesiones en junio, para su aprobación.

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Luego de que el titular de la Agencia de Transformación Digital, José Merino, se reunió con senadores de Morena, PT y PVEM para exponer esta propuesta de reforma a la legislación vigente, el senador adelantó que la intención es avalar esta reforma tras las elecciones judiciales. Entre las fechas que se barajan están que el periodo extraordinario sería los días 10,11 y 12 de junio.

Por su lado, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín precisó que quedó claro que no hay ninguna intención de imponer la censura, sino enriquecer los planteamientos que se han hecho para perfeccionar la iniciativa y que quede perfectamente delineada la regulación para el sector.

En contraposición, senadores del PRI y el PAN aseguraron que el anuncio de que se eliminará el artículo 109 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión no es suficiente, porque siguen vivos los elementos que hacen de esta legislación un instrumento de control de las comunicaciones en el país.

El senador Manuel Añorve subrayó que el gobierno quiere controlar internet, suspender plataformas y bajar transmisiones, lo cual es sumamente peligroso.

“El anuncio fue que el artículo 109 lo van a quitar, pero no comentaron nada del artículo 8, fracción 62, que le permite a la agencia suspender transmisiones. Es la misma gata, pero revolcada, que no le den vueltas”, señaló.

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De su lado, el coordinador de los senadores panistas, Ricardo Anaya, consideró que las modificaciones anunciadas por Sheinbaum y Peña Merino confirman que las advertencias de la oposición sobre el carácter problemático de diversos artículos eran acertadas.

Pero advirtió que los avances se quedan todavía muy cortos, como la creación de un órgano desconcentrado al interior de la propia ATDT que regularía el sector de telecomunicaciones y radiodifusión, cuyos consejeros serían propuestos por el Ejecutivo y ratificados por el Senado.