PATRICIA RAMÍREZ
Foto: Cuartoscuro
El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó una segunda controversia constitucional contra el Plan B de la reforma electoral, cuya segunda parte se publicó el pasado 2 de marzo en el Diario Oficial de la Federación.
Ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se presentó el recurso para impugnar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la expedición de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Este recurso se suma a la controversia constitucional presentada por el INE el pasado miércoles 1 de febrero, en contra del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2022.
Además, el INE solicitó una suspensión y, en tanto se pronuncia sobre el fondo de las controversias, se interrumpa la aplicación de la reforma y, por lo tanto, de sus efectos, de manera particular por lo que hace a la afectación a los derechos fundamentales de quienes integran el Instituto Nacional Electoral y a los derechos políticos de la ciudadanía.
La argumentación del organismo electoral señala que con este llamado Plan B de la reforma electoral se violó el debido proceso legislativo por parte del Congreso de la Unión, que calificó como fraude a la ley, pues impactaron en la calidad democrática de la reforma, pues dio trámite urgente a una iniciativa que por disposición legal no podía ser sometida al mismo, no respetó el principio de publicidad, ni mucho menos el deliberativo que rige al órgano legislativo, impidiendo la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria.
Asimismo, señaló que se registra una vulneración a la autonomía e independencia del Instituto por parte de los poderes Legislativo y Ejecutivo, por lo que el INE demanda la invalidez de gran parte de la reforma, derivado de las violaciones constitucionales que afectan su autonomía, independencia, así como la invasión a su esfera competencial.
También, la vulneración a las condiciones de equidad y de otros principios que deben regir las contiendas electorales, ya que esta reforma contiene cambios que afectan la certeza en los procedimientos que conforman el proceso electoral en sus diversas etapas.
Finalmente, subrayó la afectación inconstitucional de los derechos laborales del personal del INE que provoca dicha reforma. En este recurso, se hacen valer una serie de agravios por el desmantelamiento de la estructura orgánica y la afectación a los derechos laborales de todo el personal del Instituto, así como la eliminación de aproximadamente el 85 por ciento de las plazas del Servicio Profesional Electoral.
