Aida Ramírez / Ovaciones
Foto: Cuartoscuro.com
A pesar de las mejoras en algunos de los indicadores de pobreza en los últimos años, es evidente que los niveles de desigualdad siguen siendo elevados, ya que los más de 11 mil programas sociales de los tres órdenes de gobierno, “han tenido resultados limitados”.
De ahí que es fundamental que las propuestas de los candidatos presidenciales consideren esfuerzos adicionales para darle solución a todos los aspectos que contempla la medición multidimensional de la pobreza, señaló el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
Indicó que en este entorno es prioritario que los candidatos presidenciales expongan con claridad las políticas públicas que consideren idóneas para lograr un beneficio real de los hogares.
“Además de la inversión como principal instrumento para generar empleo productivo y principal factor para reducir la pobreza, son necesarias también propuestas que tengan la visión de mejorar la calidad de vida de la población. Esto implica medidas concretas que hagan más eficiente la asignación de los recursos públicos.
“Hasta ahora la calidad del gasto no ha reflejado un beneficio real para los hogares más allá de sus programas asistenciales que en su mayoría solo perpetúan las condiciones de pobreza al no desarrollar activos y/o capacidades para actividades productivas”, acusó en su análisis semanal.
Lo anterior, porque los 11 mil 508 programas y acciones de desarrollo social que tiene inventariados el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en donde 121 son federales; mil 038 estatales y 10 mil 349 municipales en todo el país “han tenido un efecto limitado o muy limitado en algunos casos para mejorar el bienestar de las familias”.
Y destacó que el presupuesto ejercido tan solo en los programas y acciones federales en 2022 ascendió a mil 391 miles de millones de pesos, lo que representó 18.4% del gasto total.
Cifras del Coneval de 2022, indican que 46.8 millones de personas están en situación de pobreza, esto es 5.1 millones menos que en 2018; pero la población en situación de pobreza extrema aumentó en 400 mil personas.
Los indicadores de carencia social no son tan favorables, pues resalta el indicador que refleja la carencia por acceso a servicios de salud, en donde reporta un aumento de 30.3 millones de personas en esta condición, prácticamente por la desaparición del seguro popular. La población con rezago educativo aumentó en 1.6 millones.
Y la población con carencia por acceso a servicios de seguridad social se redujo en 1.5 millones; pero 64.7 millones de personas siguen estando en esta situación, lo cual está asociado a los altos niveles de informalidad.
“Evidentemente los resultados no muestran una mejora sustantiva en materia de carencias sociales, por lo que no hay un beneficio importante en el nivel de vida de la población. Datos más recientes sobre la evolución del poder adquisitivo de la población muestran una mejora al cierre del 2023, aunque todavía el 37% de la población tiene un ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria”, señaló.
Con estos datos, insistió el organismo dependiendo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que se espera que además de las propuestas en materia de inversión para estimular el crecimiento y el empleo, los aspirantes a la Presidencia de la República aborden con mayor claridad en los días que queda de campaña, los mecanismos que contribuyan a elevar la eficiencia de los programas sociales.
Pues advirtió que de la eficiencia que tengan éstos depende el bienestar de los hogares, y no de programas que solo tienen un objetivo asistencial o de aquellos que representan compromisos políticos.
Además de la cobertura del sistema educativo y del sistema de salud, la calidad de estos servicios y otros temas como seguridad, contribuyen considerablemente a mejorar los niveles de vida de los hogares, por lo que propuestas claras en materia de inversión, gasto público y bienestar de los hogares contribuirán a tener un mejor entorno del futuro del país, puntualizó.
