En México, si quieres ser policía, necesitas pasar controles de confianza. Si quieres ser médico, tienes que aprobar un examen nacional. Pero si quieres ser juez, basta con que tu nombre salga de una tómbola.

La elección judicial de 2025 ha sido un proceso caótico, sin filtros y con omisiones imperdonables. No es una exageración: hoy sabemos que personas con historial delictivo, acusaciones de corrupción y hasta vínculos con el crimen organizado están en la boleta para ser juzgadores.

Esto no es un error aislado, es el síntoma de un proceso hecho a las prisas, sin controles y sin la más mínima verificación.

CANDIDATOS IMPRESENTABLES

Todo esto quedó en evidencia gracias al trabajo de ciudadanos que han revisado los perfiles que el gobierno no quiso revisar.

Uno de los primeros en encender la alerta fue Miguel Alfonso Meza, abogado y activista, fundador de la plataforma Defensorxs, que se ha dedicado a analizar los perfiles de los aspirantes a jueces. Desde Space México, el foro de análisis político que organizamos en X, los invitamos a compartir los casos más escandalosos.

Tenemos un exfuncionario penitenciario señalado por negligencia en cárceles, donde hubo muertes, intoxicaciones y presuntos casos de feminicidio. Un exdirector jurídico detenido por narcomenudeo y portación ilegal de armas que ahora buscan ser juez en materia penal.

También hay un exabogado defensor de cárteles que representó a un líder del narcotráfico, hoy entregado a EEUU. Un expolicía, acusado de operar para un cártel y de haber asesinado a dos jóvenes. Y por último, un aspirante detenido en 2023 por extorsión.

Estos son solo cinco casos documentados, pero hay más de 17 en investigación. Y la pregunta es obvia: ¿cómo es que llegaron a la boleta?

UNA ELECCIÓN HECHA A LAS PRISAS

El problema de fondo es el proceso mismo. Desde el inicio, se diseñó sin reglas claras y se ejecutó sin controles mínimos.

El pretexto fue “limpiar el Poder Judicial de corrupción”, pero lo que tenemos es una elección desordenada, llena de favoritismos políticos y con evidentes riesgos de infiltración criminal.

Los Comités de Evaluación de la Presidencia y del Congreso avalaron listas sin exámenes de conocimiento. No hubo revisiones serias de antecedentes. Ni siquiera se hizo una búsqueda básica en Google sobre los candidatos.

Miguel Meza también nos confirmó algo aún más grave: el INE todavía no publica la lista definitiva de candidatos, pero cuando lo haga, cualquier impugnación será extremadamente difícil de ganar.

Esto es porque, una vez que los candidatos son validados, se presume que su candidatura es legítima, y las impugnaciones rara vez prosperan.

Es decir, si las autoridades electorales no actúan ahora, después ya será tarde.

Y hay otro problema: la falta de financiamiento público para las campañas judiciales, que deja a los candidatos a merced de quien pueda pagarles la campaña. Y todos sabemos quiénes tienen dinero para hacerlo.

¿QUIÉN SE BENEFICIA?

El gobierno ha vendido esta reforma como una “democratización” del Poder Judicial. Pero lo que vemos es un descontrol absoluto.

No se trataba de hacer una tómbola y ver qué nombres salían. Se trataba de asegurar que los juzgadores fueran los mejores, los más preparados y los más íntegros.

Pero los filtros desaparecen, las infiltraciones aumentan.

Si este proceso sigue así, no habrá un Poder Judicial más limpio, sino uno más vulnerable al crimen, al dinero sucio y a las venganzas políticas.

El tiempo para corregir esto se está agotando. Porque no hay peor justicia que aquella que se elige sin reglas.