La senadora por el Partido Revolucionario Institucional, Carolina Viggiano Austria, presentó un exhorto para que la Auditoría Superior de la Federación inicie procesos especiales de revisión a la Refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, proyectos considerados prioritarios durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.

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La legisladora propuso que las auditorías incluyan no solo aspectos financieros, sino también técnicos, ambientales y de cumplimiento normativo, y que cuenten con la participación de auditores externos independientes, con el objetivo de asegurar un análisis imparcial y transparente.

En relación con la Refinería Olmeca, ubicada en Tabasco, advirtió que el gasto ejercido ha superado por amplio margen el presupuesto inicial, que se han presentado fallas operativas y que la planta aún no alcanza los niveles de producción comprometidos. La legisladora consideró indispensable revisar el costo total del proyecto y los beneficios económicos obtenidos hasta el momento.

Respecto al Tren Maya, indicó que, si bien ha sido presentado como una estrategia para detonar el desarrollo del sureste del país, enfrenta observaciones por su alto costo, los cambios en el trazo original, la falta de consulta a comunidades indígenas y los impactos ambientales en selvas, cenotes y áreas naturales protegidas. Por ello, planteó que la revisión incluya tanto el manejo de recursos como los efectos ecológicos y sociales del proyecto.

Sobre la cancelación del aeropuerto en Texcoco, señaló que la decisión implicó pagos por indemnizaciones, rescisión de contratos, emisión de deuda y un efecto negativo en la confianza pública. Subrayó que aún existen interrogantes sobre el costo real de la cancelación, especialmente considerando que la obra ya contaba con un avance físico y financiero significativo.

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Viggiano Austria aclaró que el objetivo no es emitir juicios anticipados, sino activar los mecanismos institucionales de fiscalización y rendición de cuentas. Enfatizó que toda decisión gubernamental que implique el uso de recursos públicos a gran escala debe ser sujeta a revisión técnica y pública, conforme a los principios de legalidad, eficiencia y sustentabilidad establecidos en la Constitución.