Convertir el máximo reconocimiento universitario en una transacción comercial es lo que el PRI busca frenar en el Senado, al impulsar una iniciativa para prohibir y sancionar la entrega de doctorados honoris causa a cambio de dinero, favores o cualquier tipo de intercambio, una práctica que, advirtió, vulnera la credibilidad del sistema educativo y fomenta simulaciones académicas.

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La propuesta, presentada por el Grupo Parlamentario del PRI, coordinada por Manuel Añorve Baños, parte del señalamiento de que el doctorado honoris causa ha perdido su carácter excepcional en algunos casos, al ser concedido sin procesos de evaluación ni revisión de méritos, lo que contradice el sentido académico y social de esta distinción.

Para cerrar ese vacío legal, la iniciativa plantea reformas a la Ley General de Educación con el objetivo de establecer de manera expresa la prohibición de otorgar grados honoríficos mediante contraprestaciones, además de tipificar esta conducta como una infracción sancionable.

De forma complementaria, se propone modificar la Ley General de Educación Superior para precisar que únicamente las instituciones públicas o privadas con reconocimiento oficial puedan conceder doctorados honoris causa, siempre bajo criterios normativos y sin beneficio económico para ninguna de las partes.

El grupo parlamentario subrayó que universidades como la Universidad Nacional Autónoma de México y La Salle aplican procesos estrictos para la entrega de este reconocimiento, que incluyen la nominación a través de comités, la evaluación de trayectorias, la emisión de dictámenes y ceremonias oficiales, mecanismos que garantizan que la distinción recaiga en personas con méritos comprobables.

Finalmente, el PRI sostuvo que la reforma busca proteger la integridad del sistema educativo y evitar que el prestigio académico se transforme en un objeto de intercambio, al establecer que el mérito, la trayectoria y el servicio a la sociedad sean los únicos criterios válidos para recibir un grado honorífico.