La bancada del PRI en la Cámara de Diputados está proponiendo una reforma de ley para que el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) incorpore a los jóvenes a tareas de gestión pública en gobiernos locales.

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Lo anterior, en coordinación con los gobiernos estatales, de la Ciudad de México y municipales, comentó el diputado del PRI, Juan Moreno de Haro.

Refiere que en México viven 31.2 millones de adolescentes y jóvenes de 15 a 29 años, de los cuales 10.8 millones son adolescentes. El 52.9% radica en ocho entidades federativas: Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Puebla, Guanajuato, Nuevo León y Chiapas.

Además, en el país hay 15.6 millones de jóvenes en edad de trabajar, pero más de la mitad (8 millones) lo hace en condiciones precarias, sin seguridad social ni ingresos suficientes, debido a barreras estructurales que contribuyen a su situación de desventaja en el mercado laboral.

El legislador explicó que la incorporación será mediante programas de capacitación, vinculación institucional y esquemas de servicio público joven, con énfasis en medio ambiente, salud, educación y justicia social.

En el documento, que adiciona la fracción XII Bis al artículo 4 de la Ley del IMJUVE, turnado a la Comisión de Juventud, se expone que la propuesta constituye una respuesta estructural, legal y programática a una necesidad histórica: incorporar a este sector en el corazón del Estado y sus políticas.

El diputado Moreno de Haro indica que ese bono demográfico representa una oportunidad única para canalizar el potencial de esta generación en progreso económico, cohesión social y desarrollo sostenible; sin embargo, está amenazado por la falta de políticas públicas efectivas que vinculen a la juventud con oportunidades reales de participación, empleo digno y formación cívica.

Menciona que la participación institucionalizada de la juventud “tiene efectos múltiples, pues fortalece la democracia, impulsa la corresponsabilidad, mejora la efectividad de las políticas públicas y construye ciudadanía desde la raíz”.

Señala que, a través de programas de capacitación, esquemas de servicio público juvenil y mecanismos de vinculación entre academia, sociedad civil y gobiernos, se puede convertir a las personas jóvenes en agentes de transformación en áreas prioritarias como medio ambiente, salud, derechos humanos, inclusión social y justicia territorial.

El diputado del PRI puntualizó que con esta reforma se podrá institucionalizar la participación de la juventud en el servicio público local, generando beneficios individuales y colectivos, al fortalecer capacidades técnicas y cívicas, reducir la brecha entre jóvenes y gobierno, impulsar una nueva cultura de corresponsabilidad y democracia local, y contribuir a la construcción de una juventud con sentido de comunidad, liderazgo social y visión de futuro.