Diputados del PRI y el PAN acusaron que Morena y sus aliados dieron un albazo y sin acuerdos determinaron hacer audiencias públicas en apenas tres días, pese a que se había acordado que hasta el lunes la Junta de Coordinación Política iba a aprobar el formato para recibir las opiniones de los ciudadanos sobre la reforma a la Ley de Amparo, que recorta derechos ciudadanos.

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Acusaron que incluso la Gaceta Parlamentaria fue alterada para sustituir lo que se aprobó por una determinación que solo tomaron los presidentes de la Comisión de Hacienda y de Justicia, al contrario de lo que se acordó.

El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira Valdez, acusó que desde la consejería jurídica se está metiendo al diseño del dictamen y advirtió que, aparte del polémico transitorio, hay temas muy preocupantes en esta reforma y acusó que incluso los morenistas recurren a los amparos.

“Ellos pretenden hacer mañana estas audiencias, el sábado y el lunes. El tema es a quién van a convocar, cuánto tiempo tienen para prepararse los convocantes, qué se va a discutir, si va a haber apertura profunda, si no se va a dejar a nadie afuera, si vamos a llamar a los mejores constitucionalistas del país, y esto no está diseñado”, dijo tras acotar que los dos presidentes de las comisiones no supieron llevar bien sus juntas directivas y encontrar un buen acuerdo.

El diputado panista Federico Döring calificó como una trampa el adelanto de las audiencias públicas, al considerar que con ello se busca complicar y sabotear la discusión de la minuta, y señaló que el procedimiento viola todo orden legislativo y que el objetivo del oficialismo es limitar el acceso a la justicia de los ciudadanos.

El diputado priista Emilio Suárez Licona, secretario de la Comisión de Justicia, recordó que en las reuniones de las Comisiones Unidas de Justicia y de Hacienda y Crédito Público los grupos parlamentarios del PAN, PRI y MC propusieron un Parlamento Abierto.

Denunció que el dictamen fue circulado antes de concretar el acuerdo, lo que vuelve ocioso el ejercicio de audiencias públicas.

Subrayó que debilitar el juicio de amparo implica un retroceso en la protección de los derechos ciudadanos y una concentración de poder en el Ejecutivo, ya que es una figura que se creó para proteger al ciudadano de los abusos de autoridad. En esa lógica, la figura de la suspensión tiene como objeto evitar que los daños que pueda causar la autoridad sean irreparables, la cual está en riesgo, porque sube el estándar para que se pueda otorgar una suspensión a un particular.