La Auditoría Superior de la Federación (ASF) entregó a la Cámara de Diputados el primer paquete de auditorías de la Cuenta Pública 2024, correspondiente al último año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Este informe inicial abarca 152 auditorías, equivalente al 7 por ciento del total programado, y revela observaciones por aclarar superiores a los 662 millones de pesos. Los principales responsables de estas inconsistencias son los gobiernos estatales y municipales, con 60 por ciento del total, seguidos por entidades de la administración pública federal con 30 por ciento y empresas productivas del Estado con 10 por ciento.

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Por lo que se refiere a los recursos destinados a los estados, las principales observaciones se refieren a los presupuestos destinados a educación, con 408 millones de pesos; en medio ambiente y recursos naturales 125 millones de pesos; y en infraestructura, comunicaciones y transportes se detectaron irregularidades por 70 millones.

Asimismo, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las observaciones fueron por 34 millones de pesos y en Humanidades, Ciencia y Tecnología, ascendieron a 14 millones.

Ante los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, el titular de la ASF, David Colmenares Páramo, aseguró que se realizaron más de 2 mil informes individuales, reflejando un avance tecnológico que permite auditar con mayor alcance sin aumentar el presupuesto.

Destacó que el propósito de esta labor no solo es detectar irregularidades, sino también asegurar que el gasto público genere valor social y contribuya a los objetivos del desarrollo sostenible. Sin embargo, dijo, persisten desafíos: desde la limitada adopción de la presupuestación verde hasta la falta de cultura de rendición de cuentas en algunos niveles de gobierno.

Agregó que, en este contexto, fortalecer el vínculo entre fiscalización y ciudadanía es clave, pues la participación informada de la sociedad, junto con un enfoque institucional innovador, puede transformar la fiscalización en una verdadera palanca de desarrollo y justicia social.

El auditor subrayó que la administración pública debe generar valor público, atender necesidades básicas y contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030. Asimismo, enfatizó que la fiscalización superior es esencial para asegurar que los programas públicos beneficien a las clases populares y que se ejerzan los recursos con transparencia.

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Finalmente, mencionó avances tecnológicos en la ASF que han permitido auditar a más entidades sin necesidad de aumentar el presupuesto, incluyendo la revisión del 100 por ciento de los municipios en 20 estados.