Productores agrícolas agrupados en la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas de México (UNTA) advirtieron que este lunes 27 de octubre vence el plazo otorgado al gobierno federal para atender sus demandas. En caso de no haber una respuesta favorable, iniciarán bloqueos y liberación de casetas en 14 estados: Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Zacatecas, Guanajuato, Hidalgo, Baja California, Nayarit, Durango, Querétaro, Tlaxcala y Estado de México. Las negociaciones se reanudarán a las 11:00 horas en la Secretaría de Gobernación, donde los dirigentes fueron convocados desde las 9:00 horas para estar listos ante cualquier escenario.

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Las principales demandas de la UNTA son que el gobierno federal establezca un precio de garantía de 7 mil 200 pesos por tonelada de maíz; que los granos básicos —maíz, frijol, trigo y sorgo— sean excluidos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC); que se restablezcan los apoyos al campo eliminados en 2018; y que se garantice que los precios cubran los costos de producción.

La organización también pide reconocer la producción agrícola como un asunto de seguridad nacional y fortalecer las políticas que garanticen la soberanía alimentaria.

El secretario de Agricultura, Julio Berdegué Sacristán, informó el pasado 17 de octubre, al término de una reunión celebrada en la Secretaría de Gobernación, que el encuentro se prolongó por casi cinco horas y contó con la participación de dirigentes agrícolas del Bajío y de otras entidades del país y pidió un plazo de 10 días, el cual vence este lunes para dar una respuesta a los agricultores.

Berdegué Sacristán explicó que los productores expusieron sus preocupaciones sobre los bajos precios del maíz y las dificultades para su comercialización y señaló que el gobierno acordó abrir una mesa permanente de trabajo para revisar temas de precios de base, comercialización, créditos, subsidios eléctricos para riego y trámites ante la Comisión Nacional del Agua.

“El gobierno de México informará a los compañeros dirigentes lo que podamos haber acordado como propuesta para que ellos la consideren el lunes 27 de octubre a las 11 de la mañana”, indicó el funcionario, quien pidió ese plazo para presentar una propuesta concreta.

En tanto, el dirigente nacional de la UNTA, Álvaro López Ríos, advirtió que, si no hay una respuesta favorable por parte de las secretarías de Gobernación y Agricultura, los productores del Bajío —principalmente de Guanajuato, Michoacán y Jalisco— procederán a bloquear casetas y carreteras, y analizan movilizar maquinaria agrícola hacia la Ciudad de México.

“El paro nacional no fue suficiente para sensibilizar al gobierno federal”, señaló el dirigente, al insistir en que la demanda de un precio justo de garantía y la exclusión de los granos básicos del T-MEC no han sido atendidas.

Acusó que los gobiernos de la actual administración redujeron el presupuesto rural, eliminaron programas sociales ganados por el movimiento campesino y desaparecieron instituciones como la Financiera Rural, que otorgaba créditos al sector agropecuario.

López Ríos afirmó que, pese al discurso oficial sobre autosuficiencia alimentaria, México continúa dependiendo del exterior para cubrir su consumo de granos básicos.

“El país produce menos del 50 por ciento del maíz que consume, 20 por ciento del trigo y del arroz, 80 por ciento del frijol y apenas 5 por ciento de las oleaginosas. En 37 años de gobiernos priistas, panistas y morenistas, el campo ha sido llevado a la ruina: el índice de autosuficiencia alimentaria pasó de 72 a 42 por ciento”, señaló.

Recordó que desde la negociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte y la reforma al Artículo 27 Constitucional, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, la UNTA advirtió que esas políticas significarían la destrucción del campo y de la propiedad ejidal y comunal.

“Hoy hay más de cuatro millones de hectáreas menos sembradas y en los últimos quince años el acceso al crédito y a los seguros agropecuarios prácticamente desapareció”, afirmó.

De acuerdo con el dirigente, los costos de producción se han elevado a niveles que hacen inviable la rentabilidad de las cosechas, ya que se debe preparar una hectárea de tierra que cuesta alrededor de 9 mil pesos; la siembra y renta de maquinaria, mil 500; la semilla, 9 mil; fertilizantes y aplicaciones, 14 mil; fumigaciones, 6 mil; control de maleza y foliares, 5 mil; riego, mil 500; trilla y flete, 3 mil; y jornales, 5 mil pesos.

En total, la inversión por hectárea supera los 55 mil pesos, mientras que el precio actual del maíz ronda los 4 mil 800 pesos por tonelada, insuficiente para cubrir los costos.

“Por eso reclamamos una nueva política de desarrollo productivo que garantice la autosuficiencia y la soberanía alimentaria. Si no hay respuesta, estamos listos para una gran movilización nacional pacífica”, advirtió López Ríos.

Mientras se define el resultado de la mesa de negociación, la UNTA mantiene su plan operativo para el paro nacional, que contempla como primera acción la liberación de casetas sin cobro y, si no se alcanzan acuerdos, el escalamiento a bloqueos indefinidos en carreteras y puntos estratégicos de los 14 estados.