En la medida que el bajo crecimiento del producto interno bruto (PIB) del país persista, la sostenibilidad del programa económico oficial se podría cuestionar, advirtió el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), después de que el INEGI confirmó que la economía creció en el primer trimestre de este año, apenas 0.2 por ciento.

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Indicó que la evolución de los indicadores económicos oficiales corrobora el deterioro de las expectativas de los especialistas y su percepción del entorno económico, y considera que el debilitamiento de la economía pueda responder a la falta de recursos para inversión fija en infraestructura; “el entorno de debilidad no sorprende dado el creciente ambiente de incertidumbre“, subrayó en su análisis semanal.

Recordó que ha señalado que la inversión privada es el componente idóneo de la demanda agregada que puede revertir la tendencia de debilitamiento, pero la posibilidad de nuevas inversiones en hidrocarburos y energía sostenible, así como inversiones en electricidad, fundamentales para fortalecer la actividad productiva y hacer más productivo y competitivo el aparato productivo del país, “siguen estando limitadas para el sector privado, cuando es una fuente importante para su reactivación frente a un sector público limitado en recursos y capacidad operativa para estas actividades”.

Acusó que, por el lado de la inversión pública, además de ser reducida, es dudoso que los proyectos que están en el presupuesto tengan rentabilidad social; “desafortunadamente no hay estudios beneficio/costo (social) que permitan determinar si convienen o no al país en algún sentido, particularmente en términos de generación de crecimiento. Aunado a esto, el gasto público está restringido por los programas sociales y de otros recursos comprometidos que lo limita a participar eficientemente en la inversión productiva, especialmente en infraestructura.

“Esto no quiere decir que en algún momento no sea posible retomar la senda del crecimiento económico del país de manera sostenible a fin de alcanzar tarde o temprano un ritmo de crecimiento que mejore igualmente de manera sostenida el bienestar de los hogares“, señaló el CEESP.

Sostuvo que, para ello es indispensable que se den las condiciones adecuadas, que aún no se presentan, como el reforzamiento del estado de derecho, la continuación de la estabilidad fiscal y financiera del sector público, mejores políticas de competencia, una regulación mesurada y eficiente, y la reducción de los costos de los procesos económicos, además de ser imprescindible asegurar que los proyectos de inversión pública generen beneficios sociales netos positivos, mediante el uso de metodologías de evaluación estrictas.

Por ello, insiste que en la medida que el bajo crecimiento del PIB persista, la sostenibilidad del programa económico oficial se podría cuestionar, “lo que podría acarrear consecuencias importantes en materia de estabilidad macroeconómica. Sería más difícil mantener la sustentabilidad fiscal ya que los ingresos públicos podrían ser menores a lo programado.

“En esta situación, el mantenimiento de la salud fiscal obligaría a mayores ajustes a un gasto público que al parecer comienza a tener correcciones a la baja, lo que probablemente puede generar recortes a la inversión fija, dada la determinación del gobierno de llevar a cabo los programas sociales“, advierte el organismo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).